Jorge Chávez Álvarez
Escrito porAuthor: Jorge Chávez Álvarez
Economista, expresidente del Banco Central de Reserva

 

jaque mate 900x533

La corrupción en el Perú se ha vuelto el estado normal de las cosas. La población la acepta como inevitable. Los defensores del gobierno de Castillo incluso la justifican, no desde un ángulo ético ni moral, sino con argumentos reivindicativos: dejad que “los de abajo” (así sean prontuariados e incapaces) copen el Estado y roben, porque la derecha ya robó mucho. Este argumento implica compartir una cultura de corrupción con la élite política corrupta de turno; implica un distanciamiento de valores fundamentales como la verdad y el respeto, convertidos en práctica cotidiana y cimiento de una sociedad cívica sustentada en la confianza.

No es de extrañar que los beneficiarios del régimen corrupto de Castillo lo defiendan con argumentos tales como “la corrupción de Castillo es chauchilla” comparada con la de Fujimori, Toledo, García, Humala o Vizcarra. Curiosamente Toledo usaba ese mismo argumento para dar a entender de que la suya era una corrupción de poca monta.[1]

Si bien Fujimori y Toledo como Castillo hicieron fortuna personal y familiar aprovechándose del poder, éste lo hizo mucho más rápido; llegó con una organización criminal ya armada y preparada para el zarpazo. Apenas pisó el gobierno asignó irregularmente contratos millonarios con corporaciones chinas y peruanas consorciadas con empresas de papel creadas por sus sobrinos y amigos más íntimos.

Ni Fujimori ni Toledo estuvieron expuestos a tan enorme cantidad de evidencias contundentes, como las que la Fiscalía de la Nación ha exhibido contra Castillo y su red criminal. Con mucho menos evidencias el Congreso obligó a renunciar a PPK antes de que fuera vacado. Y así fue también con Vizcarra, quien terminó siendo vacado.

La corrupción en la era Castillo se ha extendido a la mayoría de los ministerios y organismos públicos, vulnerando los derechos de muchos peruanos, sobre todo los más pobres. Todas las semanas las evidencias de corrupción se multiplican. La fiscalía también ha reunido evidencias contundentes que prueban que el partido Perú Libre que candidateó a Castillo a la presidencia es una organización criminal, dedicada al lavado de dinero, que ha generado un abultado enriquecimiento ilícito a favor de su cabecilla Vladimir Cerrón y su familia.

A pesar de ello, la capacidad de indignación de la población peruana ha disminuido respecto a la que había en los albores del Siglo XXI. El Perú reaccionó con tremenda indignación en el año 2000 ante el emblemático video Kouri-Montesinos y otros videos que revelaron la compra con sobornos de 18 congresistas tránsfugas y todo un entramado mafioso digitado desde Palacio de Gobierno y el SIN. Ante el desasosiego moral de la población peruana, Alberto Fujimori fugó al extranjero y fue vacado por el Congreso sin esperar a que fuera sentenciado por corrupción, lavado de activos y tráfico de armas. Eso vino después, y terminó encarcelado junto a un largo número de cómplices civiles y militares.

Tras este duro episodio para la nación peruana, todo parecía presagiar el advenimiento de una nueva era de restitución de la integridad en las instituciones del Estado y los partidos políticos. Se hicieron reformas legales y se firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Sin embargo, esa visión esperanzadora del futuro duró muy poco. Se desvaneció con la llegada de Alejandro Toledo al poder, elegido con votos de izquierda y anti fujimoristas, tras la “Marcha de los 4 suyos”, donde con su vincha de “indio legítimo” se proclamó como el “nuevo Pachacutec”; vivo representante del “Perú profundo”.

“No más pobres en un país rico ¡carajo!” era una de las consignas de Toledo, la misma que esgrimió Pedro Castillo durante su campaña electoral de 2021, que lo llevó a la presidencia en segunda vuelta. La historia se repetía como calcada, perfeccionada y aumentada. Castillo fusionó los métodos de Fujimori con los de Toledo. Compró congresistas con sobornos, como lo hizo Fujimori. Al igual que Toledo, en lugar de ocuparse del gobierno, se ha dedicado exclusivamente a manejar los tejidos de su red de corrupción e impunidad y a realizar proselitismo por todo el país, financiado con recursos del erario público.

Es así que hoy en día el Perú es el país con el nivel más alto de percepción de corrupción en América Latina: el 88% de los peruanos opina que más de la mitad o todos los políticos son corruptos, más de 20 puntos por encima del promedio de la región, según el Barómetro de las Américas[2].

Lo más doloroso de este cuadro es el nivel de cinismo con el que se sostiene impune la actual corrupción. El tratar de confundir con “golpismo” lo que es una verdadera defensa de la democracia. La desfachatez de un presidente que supuestamente encarna a la nación, pero se mofa de ella al negarse a responder preguntas y a abrir sus comunicaciones para contribuir a esclarecer los casos de corrupción en los que está involucrado. A la población que lo sigue no le importa este mutismo. Sin embargo, el que calla otorga y pierde toda la legitimidad social y política del cargo que ostenta.

Quedan en el gabinete algunos esbirros que hablan por él, con podredumbre de espíritu y discursos vacuos, con soporte de “prensa alternativa” de enjuagues verbales para enajenar la verdad, dominar, adormilar y manipular la opinión pública.

Esta izquierda decadente no se diferencia en nada de la derecha mercantilista. Una utiliza el argumento populista para justificar toda obra ‘reclamada por el pueblo’ que aterrice en contratos fraudulentos en contra de los intereses del Estado, mientras que la otra utiliza el liberalismo económico como mascarón de proa para favorecer a grupos económicos específicos. La mano izquierda y la mano derecha supuestamente libran batallas dentro de este juego opositor para entretener y confundir a las tribunas, cuando en el fondo ambas esconden la otra mano invisible: la mano mercantilista. La que arregla bajo la mesa, la que firma adenda tras adenda para inflar costos, la que cobra el soborno y los distribuye entre sus compinches.

La única forma de desaparecer este andamiaje de la corrupción es con una profunda reforma del sistema político y el adelanto de elecciones. ¡Que se vayan todos!


[1] Sin embargo, cuando se hace el recuento la lista resulta excesivamente larga: cartas falsas al Vaticano, caso Bavaria, caso Blue Bay, fábrica de firmas, compras de petróleo con sobre precio, malversación de fondos de PetroPerú, contrato fantasma de Elianne Karp (primera dama) con el Banco Wiese, licencia de funcionamiento de empresa de telecomunicaciones, venta de puestos públicos, nepotismo, venta de leyes para excarcelar delincuentes con nombre y apellido, contratos amañados con Enapu, malversación de fondos del Conapa, carretera interocéanica concesionada sin pasar por sistema de inversiones, “Tren Macho” entregado a dedo a grupo español con sobre precio, etc., etc.

[2] Barómetro de Las Américas, 2021. USAID-Vanderbilt Yniversity-LAPOP

Marcos Ibazeta Marino
Escrito porAuthor: Marcos Ibazeta Marino
Abogado, docente universitario y expresidente de la Corte Superior de Lima

WhatsApp Image 2022 11 08 at 4.20.47 PM

En alguna oportunidad anterior alertamos sobre el peligro de encontrarnos ante una estrategia similar a la utilizada por Abimael Guzmán para derrotar políticamente al Estado peruano, desarrollando una estrategia de guerra política envolvente, pero desde el exterior con la intervención de organismos supranacionales con cuyos criterios convirtió a su sanguinaria organización y a sus miembros en víctimas inocentes de un Estado que presuntamente aplicó un terrorismo estatal, por lo cual obtuvo el inicio de una cacería de policías y militares con un sistema de justicia maniatado por la jurisprudencia de la CIDH sobre la lesividad del debido proceso, presunta obtención de pruebas mediante la tortura, extendiéndose ésta a los entonces llamados “arrepentidos” a los cuales terminó por demoler junto a la información comprobada que estos habían aportado. Al final casi todos los procesados por terrorismo salieron en libertad, ganaron mucho dinero demandando reparaciones al Estado Peruano que pagó millones a sus sanguinarios agresores. Ahora el marxismo leninismo mariateguista (léase maoísta), ya está en el poder.

Este peligro lo formulábamos como hipótesis cuando el presidente Castillo logró, luego de un elaborado trabajo diplomático, que la OEA acuerde designar una comisión para venir a nuestro país a realizar una evaluación política y jurídica sobre la presunta persecución política de la cual el presidente Castillo dice ser víctima desde el Congreso y de la Fiscalía (ahora habla de jueces probos) para destituirlo del cargo.

En el curso de la semana última, hemos llegado a la conclusión que nuestra hipótesis de trabajo es correcta, porque luego de anunciarse la visita de la comisión de la OEA ha centrado su discurso público, reiterado en cuanta aparición pública tuvo a lo largo de todo el país, que él, sus familiares y allegados, son víctimas del Congreso y la Fiscalía, desde donde se inventan delitos que él no cometió y que todo se hace presionándose y hasta torturándose psicológicamente a exfuncionarios para obligarles a convertirse en colaboradores eficaces a fin de obtener informaciones que para el Presidente son falsas.

Es evidente, entonces, el objetivo de demolición de las investigaciones fiscales por presuntas lesiones al debido proceso en las investigaciones preliminares, así como en la obtención de colaboradores eficaces.

La oposición no da pie con bola, lo ocurrido en Venezuela nos ha enseñado que a los comunistas en el poder les interesa nada ser denunciados por corrupción porque lo controlan todo.

Para lograr esto tampoco les interesa que haya multitudinarias manifestaciones como las hubo en Caracas con líderes que han ido desapareciendo del escenario político, cuyas marchas fueron objeto de ataques paramilitares y asesinatos impunes.

En el Perú los agentes extranjeros expertos en agitación están en su salsa, reuniéndose con líderes sindicales, con prefectos y subprefectos y con los ronderos.

(*) Publicado en el diario Expreso

Julio Schiappa Pietra
Escrito porAuthor: Julio Schiappa Pietra
Sociólogo y analista político

WhatsApp Image 2022 11 08 at 4.20.46 PM

Alfonso Barrantes y Carlos Malpica eran cajamarquinos, a veces enemistados por las rencillas políticas. pero estos viejos izquierdistas no robaban. Celebre era Manuel Dammert, Jorge del Prado, Javier Diez Canseco, Carlos Tapia, entre miles otros. El ejemplo contrario del APRA, en sus dos gobiernos, robón y mano larga, hizo de sus rivales rojos, un grupo de gente excepcionalmente honrada y correcta, ética y políticamente, mientras se mantuvo unida.

La fea costumbre de usar el Estado como botín, fue importada del populismo y de la tradición colonial y republicana, como lo denuncian Jorge Basadre, Ricardo Palma, Manuel González Prada, Haya y Mariátegui.

Se robó hasta en las guerras de la Independencia, adonde se cobró varias veces más por animales y pertrechos requisados por los Ejércitos de San Martín y Bolívar. La liberación final vino en Ayacucho, pero los cobros falsificados de las campañas se pagaron hasta 1860.

La era neoliberal, iniciada en 1990, combino una violenta política de acelerado crecimiento de la economía con el robo con ‘coimisiones’ de las privatizaciones y el sistemático saqueo del Estado por los intereses privados.

Con estos antecedentes mayúsculos, las tropelías actuales del ‘gabinete en la sombra’ y de un posible entorno de paisanos, familiares y lobistas, que vieron en el Estado una Tinka, tiene sólidos antecedentes históricos. Aunque se trate de pirañitas, y no de los tiburones que denunciaba Carlos Malpica, amenaza con destruir totalmente la imagen del potente movimiento que ayudó a llegar al poder a Pedro Castillo, al volverlo absolutamente vulnerable a él, su familia, su gobierno y sus aliados.

Poco importa que haya un complot de la derecha usando una red de estudios legales caros y medios parametrados en la causa de la destrucción del gobierno. En el Perú la corrupción es la Kriptonita de los presidentes, desde Fujimori en adelante, es lo único que el pueblo no acepta: robos que impiden concretar obras públicas urgentes.

La gente cree que todas las autoridades roban un porcentaje, pero si no haces nada con el dinero que resta –como en muchos casos sucede– su muerte penal y política será dolorosa y prolongada.

Sin embargo, separar las responsabilidades penales de las políticas del presidente será lo primero que hará la OEA para allanar el camino a un diálogo.

Mientras tanto, queda claro que quien roba y no hace obra, sufrirá derrota y desprecio popular como lo demuestra la debacle del partido oficialista en las elecciones ultimas. De Guiness.

José Luis Casas Carrión
Escrito porAuthor: José Luis Casas Carrión
Mayor EP (r) y fundador de Asociación Centro Paradeportivo SIN LÍMITES

José Luis Casas

El pasado 16 de octubre se conmemoró el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, en reconocimiento de nuestros derechos e inclusión social.

Esta fecha busca concienciar sobre los derechos de las personas con discapacidad que se encuentran establecidos en la Convención de los derechos de las personas con discapacidad y la normativa local.

Los avances normativos se han ido logrando progresivamente, es así que contamos con el Decreto Legislativo N° 1384 que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones; el Decreto Legislativo N° 1417 que promueve la inclusión laboral y reafirma el derecho que tienen las personas con discapacidad en el lugar de trabajo y otorga a los familiares de las personas con discapacidad el derecho a las licencias con goce de haber apara acompañarlas a las terapias de rehabilitación. Incluye la protección al adulto mayor con discapacidad. La Ley 29973 tiene la finalidad de establecer el marco legal para todo aquello relacionado a la vida y protección de derechos de una persona con discapacidad. Esto busca el buen desarrollo de la persona y una participación efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica de nuestro país.

La discapacidad ha pasado por muchos enfoques limitantes hasta llegar a ser hoy en día, un tema de derechos humanos que compromete al Estado y la sociedad para velar por una real inclusión que permita su acceso en igualdad de condiciones a una vida libre, independiente y digna.

Sigamos trabajando por un Perú más unido y con más tolerancia y acceso a oportunidades para las Pcd.

María del Pilar Tello
Escrito porAuthor: María del Pilar Tello
Periodista, abogada y politóloga

WhatsApp Image 2022 11 07 at 11.40.58 AM 1

Pedro Castillo ha perdido autoridad moral para gobernar. No puede seguir presidiendo la República después de la acusación constitucional de la fiscal de la Nación ante el Congreso. La autoridad encargada de defender a la sociedad al más alto nivel del Estado ha cumplido valientemente a pesar de las amenazas para ella y para su familia. Su denuncia trata de proteger a la población de una conducción nefasta e inaceptable en quien personifica a la nación, de quien se permite infracciones a la ley que gobernantes y gobernados deben acatar.

 A partir de delitos confesados por colaboradores inmediatos, con evidencias suficientes. Si bien no puede haber un proceso penal porque la Constitución no lo permite, existe el juicio político al que está obligado el Congreso y el juicio moral de la población que no cree en la írrita defensa el golpe de estado contra un presidente de extracción social modesta.

La denuncia lo dice todo, viene de una investigación fiscal que reúne un acervo probatorio que estigmatiza sin remedio a Pedro Castillo cuyo poder supremo le permite seguir delinquiendo y atentando contra el país. La celeridad del Congreso, ante esta situación inédita, se justifica plenamente porque la nación peruana está siendo agraviada y lesionada desde lo más alto del Estado.

Si bien no existe constitucionalmente la suspensión del mandato presidencial si está la incapacidad moral que exige vacancia, la misma que debe darse a pesar de la maligna complicidad de los congresistas niños, de los congresistas silentes y resignados y en especial de los ministros que no renuncian a tiempo. El Estado y la sociedad deben respetar la dignidad de la persona humana. Más aún exigible cuando se trata de la dignidad de la nación que somos todos. Simplemente no puede seguir.

(*) Publicado en Correo

Espacio Publicitario