Estamos en un punto de inflexión, o avanzamos con todo o la mafia caviar se reconstituye.
Las revelaciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, en el caso de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, han permitido tener la confirmación indirecta de la forma maquiavélica como opera la mafia enquistada no solo en el Ministerio Público sino también en vasto sector de la prensa llamada progresista. La gran central de coordinación de la izquierda globalista y antiperuana sería el IDL y su brazo mediático IDL – Reporteros.
Por primera vez se ha corrido el velo que ocultaba las acciones de su santón Gustavo Gorriti, a quien se le trata de endiosar como el (sic) mejor reportero de investigación de la historia nacional; y lo que ha quedado en claro son cuatro cosas: primero, que el mecanismo de copamiento del sistema judicial y fiscal pasaba por un proceso de “cooperación”, educación, premiación y adoctrinamiento progresivo de jueces y fiscales, hasta llegar al nivel de autoarrogarse el derecho de evaluar a fiscales y magistrados en nombre de una sacrosanta vigilancia de la “sociedad civil”. Segundo, que ese proceso lo han financiado cooperantes internacionales cuestionables como la Open Society de George Soros, sin rendir cuentas; además han sido respaldados por la red de izquierda internacional que controla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que legaliza por sí y ante sí todo aquello que le interesa en su agenda progresista.
Tercero, que la red también se ha infiltrado en un amplio sector de medios de comunicación a los cuales les sirve de fuente de información, capta a periodistas que adoctrina, premia, convierte en activistas y utiliza para sus campañas ideológicas y políticas. Y, cuarto, que ha logrado controlar posiciones clave en la fiscalía desde donde ha manipulado procesos como el caso Lavajato y el acuerdo de traición a la patria suscrito con Odebrecht; el “cerco” que llevó al suicidio al presidente Alan García; y la impunidad escandalosa de Susana Villarán.
Ante estas comprobaciones, lo que toca es ajustar las clavijas. El Congreso debe destituir a la JNJ; hay que intervenir el Ministerio Público; se debe crear la comisión extraordinaria que investigue el caso García; y debe abrirse proceso fiscal (no solo indagaciones preliminares) a la presunta organización criminal que involucra a Gorriti, Vela, Pérez y Barreto además de quienes resulten responsables. No hacerlo es permitir que la mafia se recomponga y siga amenazando los intereses nacionales.
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