La seguridad es solo para quienes tienen poder y o dinero.
Es la lección de esta semana de la presidenta del Perú, el gobernador de La Libertad y el futbolista más popular.
Un trío que ha estado en la noticia por su extrema necesidad de protección para salvarse de la criminalidad que acecha a todos los peruanos implacablemente.
El contexto es la ineptitud del gobierno central y del gobierno regional de La Libertad, de enfrentar la delincuencia y la criminalidad para garantizar el derecho a la vida de los peruanos en general y de los trujillanos en particular, de aquellos que no tienen dinero ni poder, pero si derechos.
La cantidad de policías que cuidan la residencia de la presidenta Dina Boluarte y las “garantías” que han convencido a Paolo Guerrero de jugar en el club César Vallejo, cuyo propietario es la máxima autoridad de La Libertad, región tomada por la delincuencia, hablan de privilegios y agravan la desprotección de los que quedan en manos de asesinos, ladrones, extorsionadores y todo tipo de criminales.
Las amenazas no llegan por escrito, están en las calles y amenazan las casas.
Todos nos solidarizamos con doña Peta y con Paolo, que pareció poner por encima del contrato y del dinero la seguridad de su familia.
Mientras el premier le daba garantías, todos los peruanos recibían la lección tóxica para la confianza en la democracia, de la escasa sensibilidad y eficiencia de las autoridades, padres y madres de la patria, ministros e instituciones que forman parte de un estado fallido en el delicado campo de la protección y defensa de sus ciudadanos, inermes frente a la violencia.
Que alguien les cuente que la igualdad de derechos y libertades es la base de la democracia que proclaman.
