Mientras la presidenta Dina Boluarte le echa ahora más flores que nunca a la inversión nacional y extranjera, las señales políticas, incluso desde su propio gobierno, parecen más bien estar dirigidas a bloquear la todavía buena estrella peruana en el firmamento económico internacional. Hay tres campos altamente sensibles en los que el papel del gobierno y el Estado son determinantemente claves. Uno es el de la estabilidad jurídica. Otro, el del crecimiento económico. Y finalmente, el del equilibrio fiscal, contra el cual impacta negativamente el desbocado gasto presupuestal de los últimos años.
Respecto del primer campo, no hay estabilidad jurídica posible sin la voluntad política de la jefatura de Estado (léase Presidencia de la República en su mayor dimensión) y del Congreso de enfrentar, sin más dilaciones, la profunda crisis del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Policía Nacional. La intervención directa de los liderazgos y cuerpos especializados de estos tres organismos, en el marco del punto límite dramático al que ha llegado la inseguridad nacional, será ineludible.
Las respetables autonomías jurisdiccionales de fiscales y jueces tienen que contemplar, por cierto, que la situación de provisionalidad (bajo contratos temporales a gran escala) que afecta a la mayoría de ellos constituye un serio obstáculo para las garantías de una buena justicia. Esas mismas respetables autonomías jurisdiccionales tampoco pueden continuar sirviendo de pretexto para que las cúpulas del MP y PJ no ejerzan orden, eficiencia y control sobre las instituciones que dirigen.
Respecto del crecimiento económico y del equilibrio fiscal, dos destacadas personalidades que conocen bien el monstruo burocrático político por dentro no parecen equivocarse en sus diagnósticos. Uno, Carlos Tejada, ex-CEO e impulsor estratégico del puerto de Chancay, cree que los viejos males del trámite engorroso estatal y la sobrerregulación siguen asfixiando peligrosamente las inversiones y los emprendimientos de desarrollo más audaces. Otro, Luis Arias, exjefe de la Sunat, pone acento en la necesidad de una urgente reforma tributaria que ataque no solo los elevados índices de evasión, sino además las exoneraciones, respecto de las cuales las pérdidas son mayores que el aporte en recaudación proveniente de la minería.
Es evidente el impacto de lo que la política hace o deja de hacer, o de lo que la política hace mal y descuida gravemente, sobre la buena estrella de la economía. Pero la alerta mayor radica en que, sobre esta evidencia, el gobierno y el Estado miran, estoicos, hacia otro lado, como si no estuviera a la vuelta de la esquina el peligro de perder la gallina de los huevos de oro de hace más de 30 años: la macroeconomía basada en estabilidad jurídica y constitucional.
Para la presidenta y sus ministros, para el Congreso, para los magistrados superiores y supremos, y para los generales de la PNP y de las Fuerzas Armadas, el sentido de la realidad y de Estado debería marcar sus pasos, con algunos buenos resultados, de aquí a julio del 2026.
(Publicado por el diario El Comercio)
