Considero patética la reacción de algunos opinólogos en las redes sociales que saltaron hasta el techo ante el trascendido de la renuncia de María Antonieta Alva a la cartera del MEF. Separo de ese grupo a quienes con buena fe y fundamento creen que Alva es una buena ministra y lleva bien la batuta en esta etapa de crisis. Manifestaron legítimamente su desconcierto ante dicha posibilidad e imploraron porque el rumor no sea cierto. En cambio, la waripolería nativa mostró su peor ángulo desacreditando las fuentes cuando Alva –después de angustiosas y quizás calculadas horas de espera– desvirtuó el hecho.
La verdad monda y lironda es que la ministra sí barajó esa alternativa viendo la ya acostumbrada ambigüedad del presidente Martín Vizcarra frente a la arremetida sibilina, oportunista y demagógica del premier Vicente Zeballos respecto al “impuesto a los ricos”. Lo detalla bien el colega Américo Zambrano en la última edición de “Hildebrandt en sus Trece”. Cuando además –hoy en día, donde nada se conserva como secreto bajo cuatro llaves– otras personas cercanas al poder de turno narraron a voceros oficiosos los desencuentros Alva-Zeballos.
Sin embargo, lo anecdótico debe llevarnos al expediente principal: ¿Acaso no resulta posible el alejamiento de un (o una) integrante del Gabinete en tiempos del coronavirus? ¿Los ministros son impermeables a ser removidos de sus cargos bajo el prurito discutible de su imprescindibilidad?
No juzgo conveniente –salvo extrema comprobación de ineficiencia o corrupción esclarecida– hacer cambios ministeriales o de altos funcionarios públicos en un periodo tan delicado y grave. Pero no fueron los rumores de las redes o la arremetida política de la oposición los que llevaron a Vizcarra a licenciar hace un mes a Elizabeth Hinostroza en el Ministerio de Salud como esta semana lo hizo con Carlos Morán en el Interior, en plena pandemia.
De ahí mi pregunta: ¿Tiene Vizcarra el monopolio de evaluar, medir y determinar la suerte de los responsables de áreas bajo su comando? Hasta donde sabemos, el estado de emergencia -según la Constitución- suspende diversas garantías ciudadanas pero no la libertad de expresión y menos el equilibrio de poderes ni las prerrogativas del Congreso, entre cuyas funciones está interpelar y censurar ministros.
Pueda ser que el costo político para el flamante Parlamento sea grande si da ese paso. La habilidad de Vizcarra consiste en haber ganado omnipresencia desde el cierre del Congreso en setiembre pasado y que la declaratoria de emergencia haya coincidido con la instalación del nuevo Legislativo. Y por supuesto que no exista líderes políticos consistentes cuestionándolos.
El Congreso le gana la mano a Vizcarra con el tema de las AFP. Pero no –hasta ahora– en su tarea de control constitucional. La investidura del Gabinete Zeballos es punto pendiente.
