El Poder Judicial peruano dictó prisión preventiva contra catorce árbitros acusados de recibir sobornos de Odebrecht. Siete de ellos se encuentran prófugos. Los otros han sido trasladados al Penal de Ancón. Uno de los que estuvo en la audiencia de lectura de sentencia y que hoy se encuentra privado de su libertad es Fernando Cantuarias Salaverry, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico y uno de los más destacados árbitros de nuestro país. Conozco a Fernando y he tenido el honor de trabajar con su hermano. Puedo dar fe de su honor, inteligencia y calidad personal. Me apena mucho la situación que atraviesa, le expreso mi solidaridad y confío en que la verdad y la justicia pondrán las cosas en su lugar. Espero que muy pronto.
Lo cierto es que en el Perú de hoy la prisión preventiva se ha convertido en la regla y los jueces violan los derechos fundamentales de las personas sin que la comunidad jurídica peruana haga algo al respecto. El abuso, la arbitrariedad y la prepotencia pasan por encima de los más elementales principios del Derecho. Más allá de una serie de comunicados de gente de bien, poco es lo que en verdad se ha hecho hasta hoy para contrarrestar los actos arbitrarios que afectan la vida de gente inocente. La presunción de inocencia no existe y uno va preso para luego ser juzgado en un proceso que no es neutral ni imparcial.
La lucha contra la corrupción no puede llevarse acabo atropellando los derechos de las personas y eso es lo que está ocurriendo a vista y paciencia de todos.
Todo parece indicar que la corrupción llegó a todos los niveles y el arbitraje fue uno de los espacios donde se articularon una serie de actos lesivos a los intereses del Perú. Eso no justifica de ningún modo el maltrato a gente inocente. Aquí es donde se tiene que ser especialmente cuidadoso para poder separar la paja del trigo, a los inocentes de los culpables, a los que obraron con integridad de los que no la tuvieron.
El arbitraje en el Perú no volverá a ser el mismo y a la luz de lo que hoy se conoce se requieren una serie de modificaciones que reduzcan la posibilidad de que el arbitraje sea un espacio casi secreto para que el Estado resuelva sus diferencias. La privacidad cuando una de las partes es el Estado no hace sentido cuando se requiere justamente de mucha transparencia y mucha luz para que no se realicen acuerdos bajo la mesa.
Hace tiempo que en el mundo arbitral era un secreto a voces que la corrupción se producía y había árbitros que parecían abogados de parte y eran designados una y otra vez sin que nadie les dijera o increpara nada. El arbitraje se emputeció y los abogados lo sabíamos, o en el peor de los casos, lo intuíamos. Rosa Bueno está llevando a cabo una tarea inmensa para que el arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima ofrezca más garantías y más transparencia.
El arbitraje estaba ya bien maleado y la corrupción era similar a la que existe en el Poder Judicial. Negarlo resulta inútil. Que había buenos arbitrajes y buenos árbitros, no hay duda, pero que el sistema se había maleado era algo que se sentía.
Yo he tenido la suerte de arbitrar y de haber sido el primer Secretario Técnico del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y reconozco que el sistema se terminó pervirtiendo, pese a que gente honorable y talentosa se esforzó mucho para que el arbitraje no se contaminase. Uno de ellos fue justamente Fernando Cantuarias Salaverry. Por eso mismo resulta paradójico que hoy él se encuentre en prisión y Horacio Cánepa se encuentre en libertad. El mundo al revés.
En un entorno donde la corrupción era la regla general en el mundo corporativo peruano, el arbitraje no se salvó.
Hay árbitros no corruptos sino muy corruptos y no solamente vinculados a Odebrecht. La corrupción no se circunscribe a la empresa brasileña. En todos los sectores de la economía hay empresarios y directivos que tienen malas prácticas y hasta hoy no les pasa nada. El problema en realidad no es la corrupción, sino la impunidad y la tolerancia a prácticas que hasta hace poco no solamente eran aceptadas sino premiadas. No olvidemos a Pepe Graña, personaje que hasta hoy -aunque parezca mentira- es defendido, admirado y tratado como un gran señor.
Regresando al tema de los árbitros, puede que en efecto existan unos comprometidos con la corrupción y sobre ellos -luego de un debido proceso- debe caer todo el peso de la ley. Lo que no resulta adecuado es que la prisión preventiva sea empleada como viene siendo utilizada y que no se pueda distinguir entre gente que se coludió y enriqueció indebidamente y los que obraron con justicia y honestidad. Ese es el gran reto de nuestro sistema de justicia: castigar ejemplarmente a los culpables y a la vez brindar las garantías para que los inocentes no sufran un trato que no merecen.
Los abogados tenemos que unir esfuerzos para coadyuvar a que en nuestro país el Derecho venza a la arbitrariedad y a la injusticia. Si no hacemos algo al respecto, el sistema imperante seguirá atropellando a gente inocente y nadie estará a salvo de más vulneraciones a los derechos más importantes que tenemos como personas.
