La buena fe del expresidente para acudir a un citatorio como testigo se convirtió en su sepulcro, víctima de una conspiración criminal de quienes representan la ley y la justicia.
Lo sucedido en el Ministerio Público desborda la imaginación más afiebrada, una institución creada para perseguir e investigar el delito se coloca en la orilla opuesta, con calumniosas y falsas narrativas para destituir a su más alta autoridad.
La justicia peruana espera reformas que han tardado demasiado o no han llegado para reconstruir la fe perdida en magistrados y fiscales.
Lo que se conoce es tóxico y abre la puerta a populismos, activismos de bandas delincuenciales nacionales e internacionales y terrorismo urbano como el que afecta gravemente los países vecinos.
Las declaraciones de Jaime Villanueva, alto funcionario de varios años de la Fiscalía de la Nación, ha destapado una olla infecta de pugnas y ambiciones de poder con las peores intenciones.
Mientras los involucrados, fiscales notables, arropados por los medios, se sentían seguros con el silencio, la ciudadanía percibía que algo andaba muy mal.
Y era cierto. Lo dicho por Villanueva supera la ficción y descoloca los valores de la democracia y la justicia.
La trampa tendida a Alan García, con la anuencia o la consigna de Martín Vizcarra, es uno de los episodios más repulsivos y denigrantes de nuestra historia política y abona en la crisis moral.
Fiscales convertidos en delincuentes es lo último que podíamos esperar.
Alan García fue rehén de la vileza de quienes querían desaparecerlo.
Le dieron a escoger entre la vida y la dignidad y escogió la muerte para no aceptar ser encarcelado por falsas imputaciones.
La verdad sale a luz y es maloliente y destructiva.
¿Qué dirán ahora quienes saludaron y fueron cómplices de este magnicidio planificado?
