Resulta escandaloso que el Gobierno esté gastando 1,650 millones de soles en consultorías; monto alucinante que –según precisa el congresista Víctor Andrés García Belaunde– equivale a 2.3 veces el presupuesto del Congreso, 2.5 el de la Contraloría, 2.6 el del Ministerio de Cultura, 21 veces el de la Defensoría, 25 veces el del JNE y 31 veces el del TC. Y lo peor es que esta ya es una reducción frente a lo aprobado en el breve mandato de PPK, cuando las consultorías habrían sido calculadas en 2,700 millones de soles.
El derroche no tiene explicación. Si con apenas 3 millones de soles se puede construir un colegio básico, en un solo año se podría dotar de 550 nuevas unidades de infraestructura escolar al país. Y si con 80 millones de soles se puede construir un centro hospitalario de atención primaria, en un solo ejercicio se podría contar con 20 lugares de servicio sanitario en zonas donde el abandono es total, como el norte del país y la zona altoandina.
Del Solar no explicó en el Congreso la necesidad de las consultorías, por lo que muchos pensaron que se trataba de atender a las argollas de amigos, agitadores políticos en las redes, etc.; es decir una reedición del desastre que perpetró cuando fue ministro de Cultura. Pero, dada la magnitud de los montos, hoy tenemos derecho a suponer que se está creando una administración paralela del Estado con cuadros seleccionados a dedo, fuera de todos los criterios de contratación y administración pública. Así se puede estar destruyendo la gestión constitucional de la república sin que nadie sepa de qué se trata. Peor aún, se puede estar generando un marco normativo y funcional orientado a desnaturalizar las funciones de los ministerios, ocultar cifras, lanzar políticas de Estado inconsultas y hasta proteger intereses de la corrupción.
Todos cuantos hemos supervisado consultorías y reingenierías empresariales sabemos que, sin ética, las entidades públicas y privadas son muy manipulables. Por eso el temor que expresamos es fundado.
Baste, de momento, un solo ejemplo: la nueva política gubernamental sobre educación e ideología de género no ha pasado por el filtro del Congreso ni por la Contraloría; apenas ha sido objeto de una burda manipulación judicial. ¿Quién manejó el proyecto? ¿No fueron acaso los consultores y ONG que han cooptado al Gobierno?
Estemos alertas, entonces, con los desastres que pueden estar en curso con esta administración ilegal e ilegítima del Estado peruano.
