Lo que el periodismo oculta adrede, las redes sociales lo viralizan sin máscaras. Así nos enteramos de las compras corruptas a cargo de los altos mandos policiales; de las mascarillas y respiradores pago adelantado que no llegan al Minsa; de las suculentas compras de carnicería para la mesa presidencial.
En esta pandemia “todos somos afectados por igual” se grita reclamando responsabilidad a la población.
Por eso, muchos, miles o millones, se quedan en casa porque tienen la despensa llena, como el inquilino de la casa de Pizarro o los otros que a diario postean fotos de sus antojos o experiencias culinarias con insultante presencia de carnes, vinos y otras delicias.
¿Que todos somos afectados por igual? No. Hay algunos que están haciendo fiesta en esta emergencia con ingresos manchados de corruptela. No solo policías. Ojalá en su momento se descubra que también hay alcaldes, gobernadores, ministros que deberán ser sancionados de manera ejemplar.
En esta emergencia que “nos afecta a todos por igual” muchos ajustan los cinturones para aguantar como sea. Otros se ven precisados a otorgar licencia laboral perfecta, con la esperanza de reabrir el negocio cuando pase la tempestad. Muchos más ya quebraron sin poder abrir sus pequeños negocios o no poder armar su carretilla de baratijas que le daba el pan de cada día.
Hay profesionales independientes de todas las órdenes, taxistas, vendedores, pequeños empresarios, informales, que se las buscaban en el día a día. No tuvieron acceso a los bonos, ni CTS, ni AFP. ¿Todavía tendrán ahorros para seguir afrontando la obligada encerrona?
En todos estos segmentos “afectados por igual”, hay provincianos que han optado por mirar a su tierra de origen, como tabla salvadora a la actual crisis, que se acentuará dramáticamente más adelante.
En Lima, como micro empresario familiar, como empleado a medio tiempo, como agente de seguridad, como vendedor ambulante, como inquilino precario en un distrito populoso o en un pueblo joven, o “propietario” de una estera en los arenales o los cerros, no les va bien; les va peor que a todos los que somos “afectados por igual”.
Parte de estos compatriotas se han organizado para un retorno, clamando ayuda del estado. No fueron escuchados. Tuvieron que publicarse fotos y videos testimoniales de sus penurias en la carretera central, en la Panamericana Norte y Sur, en las inmediaciones al Grupo Aéreo Número 8, para descubrir que no eran 20 o 30 los “irresponsables” que han roto la cuarentena o desafiado el toque de queda; sino miles de peruanos, con niños y ancianos, con sus mochilas, maletas y bultos que consignan sus pobrezas o sus “riquezas”.
Ante esta dura realidad, el gobierno se vio precisado mediante el DS 068-2020-PCM, “urgentemente facilitar su retorno de manera excepcional, por razones humanitarias y previa coordinación con los gobiernos regionales; garantizando que se cumplan las condiciones de salud y seguridad establecidas para su traslado y el aislamiento social obligatorio correspondiente en los lugares de destino”.
Así se viene desarrollando un “éxodo” jamás imaginado. Ya no es del campo a la ciudad, sino al revés. Tema para los sociólogos y oenegés que vivirán estudiando, analizando esto por mucho tiempo.
Hay más de 170 mil registrados para el retorno humanitario con ayuda estatal. Muchos lograrán su objetivo y, estoy seguro, que apenas salga la luz de la esperanza pos coronavirus, regresarán a su querida Lima y sus “comodidades”, ávidos de contar sus extraordinarias experiencias provincianas entre polladas y cheladas. Así somos los peruanos. ¿Así somos?
Entre tanto, se debe implementar con extremo rigor los protocolos dispuestos para este retorno humanitario.
El caso de Apurímac es por demás notorio. El gobierno regional, en coordinación con el Comando Covid-19, ha dispuesto, hasta donde sabemos, todas las acciones necesarias para que el retorno humanitario no se convierta en un vehículo de diseminación masiva del virus. Crucemos dedos y que no sea así.
Sin embargo, nada garantiza que de los 697 primeros “retornantes” que permanecen en cuarentena en hoteles de Abancay y Andahuaylas, donde reciben alimentos y chequeo médico; se escape, se fugue o se filtre uno solo hacia un distrito o centro poblado; sin mostrar evidencia del mal y resulte siendo un trasmisor.
Para este riesgo, se debe disponer estrategias de contención y prevención de estricto cumplimiento en los distritos y centros poblados de llegada final.
Las autoridades locales tienen una elevada responsabilidad. Sin el ánimo de discriminar a sus propios paisanos, deben exigir el acatamiento riguroso de todas las medidas de control y salud dispuestas. La vida de la comunidad está en juego.
Y hay que saber que en los distritos, centros poblados y anexos, hasta donde llegarán estos “retornantes”, los centros de salud o postas existentes, no ofrecen las mejores condiciones en personal especializado e infraestructura. Peor aún para un tema tan complejo como la pandemia.
La capacidad hotelera en Apurímac es para 1200 personas, y la demanda de retornantes es de 13400. Para ello, el gobierno regional tendrá que optar por habilitar colegios, coliseos, campos deportivos, estadios como centros temporales de refugio cuarentenario, y eso tiene su costo y cuyo manejo debe ser cuidadoso para evitar las malas acciones como se ve en otras regiones o instituciones públicas.
Según el portal Ojo Público, el registro de personas para el retorno ubica a Piura 23 mil; Lambayeque 11500; La Libertad, 19 mil; Cusco 16670; Huánuco, 10 mil; San Martín 10 mil, entre otras.
