La llamada “primera línea” de combate al Covid-19 –llámense personal de salud, Fuerzas Armadas y Policía – recibe aplausos, reconocimiento, gestos de solidaridad y entusiastas adhesiones a su encomiable labor. Son nuestros héroes.
Está bien. Más ahora que esa primera línea experimenta sus primeras bajas a consecuencia de su permanente contacto con personas contagiadas por el virus. En la semana que termina, se reportó al primer fallecido del cuerpo de salud. Solo una dependencia de la PNP en el distrito limeño de La Victoria registra tres muertos y 34 infectados.
La Marina de Guerra –por cuya Dirección de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico contamos con los primeros respiradores artificiales hechos en el país– informó a través de un comunicado que varios de sus integrantes también han dado positivo por dicho contacto.
Estamos ante una circunstancia que permite apreciar, en toda su dimensión, la singularidad de las tareas cumplidas por ciertos profesionales o voluntarios (sumo a los bomberos), incomparables en nivel de entrega con otros no menos destacados pero ajenos al riesgo de extraviar el recurso social más importante: la vida. No solo frente a las pandemias; añaden dar la cara al peligro cuando sufrimos desastres naturales y la seguridad interna o externa está amenazada.
Por ello, es la hora precisa para que las principales autoridades (poderes Ejecutivo y Legislativo) repasen la situación de este grupo de compatriotas y actúen de manera inmediata en la atención de sus demandas básicas, aquellas que carecen de la pretensión de hacerlos millonarios o reducir hasta la agonía a la caja fiscal.
El sector salud es todo un mundo aparte donde los justos reclamos de bonificar labores extraordinarias abarcarían decenas de páginas con argumentos razonables. En el caso de las FFAA y la PNP, existe una rémora puntual cuando abordamos el tema de sus pensiones.
Como se sabe, a fines del 2012 se promulgó el DL 1133 que regula el régimen pensionario de estos uniformados y rige para quienes iniciaron su formación castrense o policial, o se graduaron en las escuelas de oficiales, a partir del 1 de enero del 2013. Buscaba atenerse al grave déficit de la Caja de Pensiones de ellos y corregir distorsiones, premunido asimismo por una nueva estructura remunerativa establecida en el DL 1132, ventajosa indiscutiblemente.
Sin embargo, el tiempo ha demostrado las inequidades que el nuevo régimen genera a los jóvenes recién incorporados a las carreras de armas y desalienta su permanencia: aumento del periodo para el cálculo de la pensión de retiro, reducción de subsidio por invalidez y de la pensión a los sobrevivientes, desconocimiento de servicio adicional por estudios y un largo etcétera.
EXPRESO abrió el debate sobre esta injusticia hace un año. Es momento que lo reabran gobierno y parlamentarios. Sino lo que tendremos luego del coronavirus serán héroes martillados por su misma patria.
