La delicada situación política que atraviesa el Perú ha hecho que diversas instituciones se pronuncien. Unas reclaman el cierre del Congreso, otras un Congreso Constituyente y algunas la renuncia o vacancia del presidente Vizcarra y un adelanto de las elecciones generales. Todo a raíz de la enorme corrupción que ha llegado a todos lados.
Desde el Instituto de Defensa Legal (IDL) e IDL-Reporteros -donde se anuncia con antelación lo que hará o no hará el presidente Vizcarra- hasta la Comisión de Asistencia Legal (CALDESC) -desde donde se ha advertido problemas con el respeto a la libertad y al Estado de Derecho-, la sociedad civil se está pronunciando.
Lo cierto es que está en grave riesgo el sistema democrático. Organizaciones de todos los sectores expresan el sentir de la comunidad académica, intelectual y empresarial del Perú.
Hoy veremos con claridad la posición de cada organización y persona. Los que promueven el cierre del Congreso -estilo 1992- y los que sugieren que el presidente Vizcarra dé un paso al costado y se someta a las investigaciones que lo involucran.
Si el Presidente se mantiene en el cargo, es porque es sostenido por la multimedia y no aniquilado por la misma.
Lo cierto es que hoy se investiga, denuncia y castiga mediática y penalmente de forma selectiva a los detractores del régimen, pero no a sus aliados.
El Estado de Derecho está en cuestión porque no existe igualdad ante la ley. Lo que ocurra en los próximos días en los medios y en las redes sociales será determinante para el futuro inmediato de nuestro país.
