La mejor demostración de que el Gobierno es incapaz de afrontar eficientemente la lucha contra la pandemia es la nueva estrategia de la “inmunidad de rebaño”.
En plena fase cuatro del Covid (transmisión comunitaria sostenida) se anuncia el sálvese quien pueda. Desde cálculos gruesos un 70% de la población terminará contagiada; de ese total dos tercios tendrá un proceso asintomático o leve, pero los demás harán cuadro terminal y dependerán de las unidades especializadas que erráticamente administra el Estado.
Son imposibles proyecciones afinadas porque siguen mintiéndonos: en la estadística diaria se mezclan pruebas moleculares con las rápidas y en el conteo de muertos hay un grosero subregistro. Mientras tanto, como se ha demostrado patéticamente en Chiclayo e Iquitos (por solo mencionar dos ciudades importantes) el “comando” de Vizcarra es incapaz de dotar a las autoridades del interior para que enfrenten el problema con recursos básicos: oxígeno, mascarillas, uniformes, respiradores, etc. A eso se le suma la escandalosa corrupción en las compras, que ni siquiera ha sido sancionada porque hasta hoy no se detiene preventivamente a la mafia policial responsable de robos y sobrevaloraciones.
Peor aún, Vizcarra responsabiliza hipócritamente a quienes no pueden cumplir las normas de emergencia porque necesitan salir a ganarse el pan; transfiere a la mala la responsabilidad de lo que ocurra a los gobiernos regionales; incurre en el crimen de abandonar a aquellos que regresan desesperados a las provincias; persiste en políticas aberrantes como el enfoque de género y la promoción del aborto en la lucha contra la pandemia; permite la bomba de tiempo en los penales; y mantiene a la red hospitalaria en situación crítica. Además sigue endeudando innecesariamente al Estado (bonos por siete mil millones de dólares) y ordena medidas ineficientes y socialistoides para la “reactivación” económica.
Vamos así por un camino prácticamente genocida como el que se permitió en Italia y España, pese a que la alternativa es clara: como dice el vicealmirante Jorge Montoya, debe convocarse al Consejo de Seguridad Nacional para planificar, controlar, movilizar y comprar los recursos nacionales utilizando a las FF.AA., lo cual no significa militarizar al país.
Para eso, sin embargo, hay dos requisitos fundamentales: la inmediata destitución de los ineptos ministros de Salud, PCM, Justicia y Economía, junto a la responsable de EsSalud, responsables directos de la tragedia en curso. Y el nuevo Congreso debe advertir que la próxima semana no dará el voto de confianza a un Gabinete sin cambios.
