Después de 25 años de Exploración y dos intentos fallidos, Southern tomó con seriedad y entereza el trabajo y las relaciones con las comunidades de Cocachacra y el Río Tambo vía la ONG Valle Unido, iniciando hace tres años una intensa labor proactiva en todos los aspectos a fin de mejorar y preparar la puesta en marcha del proyecto minero.
Asimismo se elaboraron los estudios de Impacto Ambiental y se levantaron las observaciones que les formuló el MEM , pero así y todo el Ministro Francisco Ísmodes no explica el por qué no otorga la licencia de construcción.
En los últimos años se viene dialogando con la comunidad de la zona que NO habrá contaminación al Río Tambo, que se construirá una planta desalinizadora, que no pasarán camiones por la zona, se están construyendo el Hospital de Salud en Cocachacra, se perforarán pozos de agua, etc. Se ha logrado según encuestas hechas por Ipsos que más del 75 por ciento de la población esté de acuerdo con el proyecto, sin embargo el Ministro argumenta que la falta de consenso entre la población es la causa de la demora que por ello no otorga el permiso respectivo.
La pregunta del millón es ¿cómo diablos se establece dicho consenso?
¿Con mesas de concertación interminables? ¿Con más encuestas? ¿Con la presencia inútil de representantes de la “sociedad civil y los comuneros”? ¿Con diálogos con hermanitos Chabelos que aparecerán de todas formas?
¿Cuál es el dispositivo que mide el consenso requerido?
¿El Ministro mecedor desconfía de los esfuerzos y cifras que Southern presenta?
¿Acaso no mide que este proyecto es una inversión de 1,400 millones de dólares?
¿Acaso no reconoce el esfuerzo de este mismo grupo al adjudicarse Michiquillay en Cajamarca por 2,000 millones de dólares el año pasado?
Lograr consensos en el Perú es una tarea prácticamente imposible, nadie se pone de acuerdo en nada, cuidan sus intereses y la verdad es que este gobierno no toma el toro por las astas, el mejor ejemplo es lo que viene pasando en Las Bambas.
Lo cierto es que el mensaje que el gobierno viene dando es que se muere de miedo de apostar por los proyectos mineros por temor al conflicto social y el ministro no dice ni chuz ni muz, ergo las empresas por más que se esfuercen en cumplir con las leyes y normas ambientales, así como las relaciones con las comunidades se caen al tacho.
La pregunta es ¿así queremos inversión privada?
¿Así alentamos al crecimiento?
¿Así acabamos con la pobreza?
Mientras la Tía María y el Mecedor no se resuelva, estaremos a la deriva en inversión y en minería.
Señor Ísmodes, cómase el pleito, el País requiere decisión política .
