Las instituciones importan, y mucho, para el desarrollo económico de los países, en especial de aquellos que, como el nuestro, luchan contra la precariedad y la informalidad. Es entendible la mucha atención que recibe el tema por los estudiosos del desarrollo y el bienestar al punto que ha sido elevado al rango de principal determinante del progreso.
Entidades internacionales como el Banco Mundial lo han convertido en lema que orienta sus propuestas de reforma. Corresponde a los líderes nacionales hacerlo operativo con indicadores adecuados. Pero ese debate en nuestro país encuentra más problemas que soluciones.
Por un lado, está la calidad del capital humano y, por otro, las ambiciones de los políticos o la erosión malsana de la corrupción, que afecta también otras variables del progreso, como el nivel de infraestructura, la calidad de sus políticas públicas y la inversión en innovación.
En este sentido, pensar en el crecimiento y desarrollo implica defender la democracia, el Estado de derecho y, fundamentalmente, la calidad de las instituciones.
Por ello, es muy importante el reciente artículo de Juan Paredes Castro, que alerta sobre el efecto dominó del cierre del Congreso. Porque debemos impedir lo imprevisible. Y es que la autonomía de las instituciones y el balance y la separación de poderes parecen irse al tacho cuando se imponen presiones políticas y mediáticas para que ninguna protesta ni defensa constitucional prospere.
En 10 días sabremos si el TC acepta la demanda competencial planteada por el presidente del Congreso, y mucho dependerá de la fecha de su respuesta. Si demora, coincidirá con el nuevo Congreso ya elegido y no quedará margen para rectificaciones si hubiera disposición para ellas.
La política de los hechos consumados puede avasallar mecanismos e instituciones o evolucionar, como teme Paredes Castro, hacia un efecto dominó, con hechos similares que, en cadena, podrían dar forma a un régimen absolutamente autocrático.
Deberíamos poder evitarlo.
