¿Los enredos políticos y constitucionales del presidente Martín Vizcarra obedecen solo a una pobre asesoría gubernamental o a un proyecto político personal que muy pocos conocen y cuyos objetivos podrían llegar, en un extremo, a violentar el sistema democrático?
Hay claros ejemplos en América Latina de cómo constituciones y democracias han terminado secuestradas por quienes llegaron al poder gracias a esas constituciones y a esas democracias, jurando y rejurando respetarlas, para luego ser desnaturalizadas a la medida de sus ambiciones hasta convertirlas en autoritarismos reeleccionistas y corruptos.
¿Acaso Nicolás Maduro en Venezuela no viene de ese tipo de secuestro, al igual que Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia? ¿Y en su momento Alberto Fujimori en el Perú y los Kirchner (Néstor y Cristina) en Argentina? Tampoco fue un secreto el plan de “reelección conyugal” para que Nadine Heredia sucediera a Ollanta Humala.
Si hay algo que reformar con más urgencia en el Perú es precisamente la presidencia y la Presidencia del Consejo de Ministros.
En la cuestión de confianza planteada por Vizcarra al Congreso, imponiéndole a este, a través del primer ministro Salvador del Solar, plazos y términos perentorios de aprobación de reformas de fondo, saltan como liebres flagrantes infracciones constitucionales que podrían colocar al país en el limbo político.
¿O es que ello respondería exprofesamente a un objetivo político que acabaría con todo lo que hemos ganado constitucional y democráticamente en las últimas dos décadas?
No creemos casuales los pasos autocráticos que viene dando el mandatario hace tiempo y que todos podemos confundir con el ímpetu natural de quien quiere, por ejemplo, un país sin corrupción y con reformas políticas. No dudaría de que en verdad él así lo desee. El problema es su pretensión de alcanzar ese objetivo desconociendo la Constitución, alterando la separación de poderes y desafiando la institución parlamentaria, que genera tanta insatisfacción como la que igualmente genera la institución del Ejecutivo.
Por defectuosos que fuesen estos y otros poderes autónomos, no están sujetos a mandatos presidenciales de urgencia.
Preferiría pensar que los arrebatos autocráticos presidenciales se deben a una sobrerreacción populista frente a la indiferencia y letargo con que el Congreso, de mayoría fujimorista, contempla la lucha anticorrupción y las iniciativas de reforma política del Gobierno. Siempre he sostenido que esa mayoría fujimorista no tiene mejor oportunidad que hoy para reivindicar, en los temas anticorrupción y de reformas políticas, los daños que perpetró la autocracia de 1990 al 2000.
Sin embargo, el hecho de que las medidas anticorrupción y pro reforma política descansen solo en la iniciativa presidencial, sin acuerdos ni consensos de ancha base, y con fuerte injerencia del Ejecutivo sobre los demás poderes, revela la falta de autoridad moral en Vizcarra para involucrar al Gobierno y al Estado en el alcance de las mismas medidas.
Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio define muy bien la ausencia de esa autoridad moral presidencial, llamada a unir más que a desunir, a crear confianza más que incertidumbre.
