El clásico golpe militar ha sido reemplazado en América Latina por otro tipo de captura del poder que linda con lo ilegal y a veces con lo criminal, bajo disfraz democrático.
Se trata de que una vez realizada una elección presidencial popular, el mismo caudillo favorecido por el voto democrático decide impunemente desviarlo hacia sus intereses, es decir secuestrarlo. Y claro, convertirlo en un instrumento autocrático o dictatorial propicio para la extensión de su mandato.
Así, quienes eligieron a plazo fijo a Hugo Chávez se encontraron de pronto también votando por su continuidad en el gobierno y por una nueva Constitución. Muerto él, bajo un mecanismo hereditario simbolizado en un pajarito, todo fue arreglado para que el secuestro del voto democrático sirviera igualmente para perpetrar a Nicolás Maduro en el gobierno hasta el final.
¿Y qué es el final en una dictadura? Todo y nada. Una dictadura cae cuando pierde poder político y militar por dentro. Mientras esto no ocurra, una primavera democrática en Venezuela no asomará de la noche a la mañana, sino en un tiempo de espera tenso y paciente.
Para que el voto democrático secuestrado sea un instrumento autocrático o dictatorial eficaz debe disfrazarse con el rostro bonachón de una periódica consulta popular, plebiscitaria, a través de canales políticos, ciudadanos y mediáticos verticalmente preestablecidos y controlados por el poder.
¿Cómo es que mandatos democráticos a plazo fijo (de 4 o 5 años), que alguna vez se dieron en Venezuela y en otros países como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, terminaron fácilmente prologándose, hasta indefinidamente, mediante la manipulación plebiscitaria de las leyes electorales y las constituciones políticas?
Entre otras cosas porque los sistemas democráticos latinoamericanos no han sabido proteger hasta hoy el voto democrático de sus secuestradores ni el mandato presidencial democrático de sus violadores ni las constituciones políticas de sus manipuladores.
No se han establecido cerrojos ni sanciones legales y constitucionales contra quienes se atreven a cambiar las reglas y plazos de su elección. Los Kirchner (Néstor y Cristina) en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela son un claro ejemplo de ello.
Si Ollanta Humala no hubiera asumido el poder con los frenos internos y externos de estricta observancia de las cláusulas constitucionales del Perú, habríamos tenido en él a un típico secuestrador del voto democrático como Chávez, Maduro o Morales.
A tiempo fuimos inclusive advertidos del proyecto de “reelección conyugal” que él y su esposa Nadine Heredia abrigaron un tiempo.Bienvenidas pues las cruzadas cívicas nacionales e internacionales para derrocar dictaduras y dictadores. Pero más bienvenidas serán las prohibiciones constitucionales firmes y vigilantes para que los presidentes elegidos democráticamente no puedan hacer de sus mandatos populares y sus plazos lo que les venga en gana.
La protección del voto democrático siempre será menos costosa que sacar a un tirano del poder. Entretanto, todavía tenemos en el Perú, que ha sufrido dictaduras y terrorismo, la desgracia de ver agitarse opciones electorales que propugnan retrocesos, vía democrática, hacia esas calamidades. Desgracia, en verdad.
