Con la misma facilidad y habilidad que el gobierno de Martín Vizcarra sortea la visualización de su mediocre desempeño (ninguna reforma económica trascendental, ninguna iniciativa para estimular la inversión privada o impedir la caída de la pública, ningún plan efectivo para detener la creciente inseguridad ciudadana o el aumento del desempleo), levantando la iconografía de una espectacular reforma política o la amenaza del cierre del Congreso, uno de sus seguidores en este último órgano del Estado se las arregla para direccionar hacia un contexto restringido el necesario esclarecimiento de los casos de abuso sexual a menores en nuestro país.
Leo sobre el particular un análisis de mi colega Ricardo Sánchez Serra que no debemos pasar por alto y se puede resumir de la siguiente manera: 1) el legislador oficialista Alberto de Belaunde promovió que se creara una comisión investigadora de estos abusos en instituciones públicas o privadas; 2) la presidió pese a que el reglamento interno del Parlamento prohíbe que el promotor de estos grupos de trabajo especiales los integre; 3) aunque la estadística oficial señala la existencia de 1,048 denuncias sobre esta materia (fuente: diario Correo), la comisión solo habría concluido con destacar tres casos.
En el medio de esta línea de hechos, hay elementos preocupantes. Uno de los más trascendentes es que el congresista De Belaunde sostuvo una amable reunión con los principales directivos de la Conferencia Episcopal Peruana a fin de acordar su intermediación en el acopio de las denuncias concretas y macizas, luego de haber remitido a todos los obispos cartas requiriéndoles esta información. Es decir, la CEP debía concentrar lo que las diócesis le enviaran y proporcionárselo a la Comisión parlamentaria.
¿Cumplió la CEP con ese cometido? Es un misterio. Por lo menos se sabe que no lo ejecutó a tiempo. Si lo hizo extemporáneamente, de nada vale porque a la comisión se le venció el plazo. La jugada estaría en mantener los ojos sobre una sola comunidad, el Sodalicium, y no el resto de la curia respecto a la cual hasta el nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, contó una experiencia desagradable de sus épocas en un colegio salesiano.
Ni qué decir de las omisiones en torno a casos ocurridos en colegios públicos o privados, a los centros escolares de los institutos armados, a los de otras confesiones religiosas. Las perversiones sexuales contra menores tienen cientos de escenarios pero la comisión congresal apenas se preocupa por tres casos. Tres funciones, tres como en los circos.
Tiene razón el colega Mario Ghibellini cuando denuncia cómo en el Perú los arquitectos de la verdad única (y por supuesto interesada) se las ingenian para manipular los hechos, destruir a quienes eligen de enemigos e imponer su agenda. Maniobras laicas, sin lugar a dudas.
