¿Cuántos casos de violaciones a los Derechos Humanos han ocurrido en el Perú en los últimos 40 años? ¿se castigaron a los culpables? ¿Se resarció a las víctimas? ¿Mejoramos conforme pasó el tiempo? ¿Hoy estamos mejor que antes?
Una breve revisión a las publicaciones de los medios de comunicación del país, en el periodo 1980-2019, dan cuenta de varios casos: algunos resueltos por instancias internacionales, otros aún a la espera de un pronunciamiento final, y otros en proceso de ejecución, luego que a los denunciantes se les diera la razón.
En la década de los 80, fecha en que se iniciaron las acciones armadas del grupo terrorista “Sendero Luminoso”, el gobierno peruano fue incapaz de enfrentar adecuadamente la escalada violentista que ocasionó sus primeras muertes en el interior del país. En los siguientes años y gobiernos, se respondió de manera represiva contra aquellos que mataban sin distinción a campesinos, políticos, empresarios, periodistas, y a cualquiera que estuviera cerca de sus atentados criminales, como coches bomba, voladura de torres o incendios provocados.
La mayoría de los analistas políticos y representantes de organismos no gubernamentales que se dedican a la defensa de los derechos humanos, han coincidido en señalar que poco antes del cambio de siglo, la justicia fue firme y contundente al condenar al terrorismo y a los integrantes de los grupos criminales que causaron más de 70 mil muertes en la década más sanguinaria de la historia peruana.
Sin embargo, también han señalado que esa misma justicia no lo fue contra aquellos miembros de las fuerzas armadas y policiales que actuaron al margen de la ley, pese a que en su opinión, cometieron violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo a los datos estadísticos del Ministerio Público, en el 2011 aún estaban pendientes de investigación más de 800 de esos casos. Las pesquisas estaban entrampadas o simplemente olvidadas por falta de interés o de recursos humanos que las tomen o continúen.
Luego de casi una década, los expedientes de violaciones a los derechos humanos no han tenido mayor avance en su solución y prevención. Hace poco más de un año, Amnistía Internacional (AI) publicó el informe “La situación de los derechos humanos en el mundo 2017/2018”, en el que se señala que los índices de violencia contra la mujer y embarazo adolescente siguen en aumento, sin respuesta efectiva del Estado peruano. El documento, que involucra a 157 países de mundo, indica que “la falta de acción del Estado ante problemas históricos impide lograr avances en materia de derechos humanos.”
Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, dijo que “Estamos ante un discurso oficial que habla de diálogo y reconciliación, pero se da la espalda a las víctimas de violaciones de derechos humanos, perpetuando un ciclo de impunidad en el Perú. Las mujeres y niñas, las víctimas del conflicto armado interno y las comunidades indígenas, enfrentan día a día indiferencia e injusticia por parte de un Estado que no atiende sus demandas”.
Esta organización precisa que, entre enero y septiembre del 2017, el Ministerio Público registró 17,182 denuncias de “delitos contra la libertad sexual”, que incluían violación y otros tipos de violencia sexual. El Poder Judicial solo hizo seguimiento de 2,008 (un 11% del total) de esas denuncias. Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó 94 casos de feminicidio.
Cabe indicar que durante el 2018 y el 2019, las cifras de feminicidios en el Perú continuaron en ascenso, pese a las campañas del gobierno y de ONGs que desarrollan actividades en defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia.
Como era de esperarse, AI también incluyó en su informe la “Impunidad para crímenes durante el conflicto armado interno” (sic), señalando que el indulto y derecho de gracia concedidos por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, representaron un grave retroceso en la lucha por justicia y verdad para las víctimas de la época del terrorismo. Como sabemos, ese indulto fue posteriormente anulado por el poder judicial y el expresidente regresó a la prisión.
Aún hay mucho por informar a la opinión pública sobre diversos casos de personas a las que se les violó uno o varios de sus derechos humanos, que esperan justicia y que se encuentran momentáneamente, en los anaqueles de los funcionarios de diversos organismos estatales.
El Caso Azul Rojas Marín
Tal es el caso de Azul Rojas Marín, persona integrante del grupo LGBTI, quien en la noche del 25 de febrero de 2008, fue detenida arbitrariamente y sin justificación por la policía, cuando caminaba por la calle. La subieron a un vehículo policial luego de golpearla. Preguntó el motivo de su detención y no le contestaron. Lo peor vino después en la comisaría, donde fue vejada por tres efectivos en un cuarto donde estaba aislada. Un palo de goma fue ingresado en su ano.
Liberada dos días después, Rojas presentó su denuncia ante el Ministerio Público; sin embargo, el fiscal del caso no formalizó su investigación hasta el 2 de abril, por los delitos contra la libertad sexual (en forma de violación) y el abuso de autoridad por parte de los tres policías; pero obvió el de “tortura”. El 5 de mayo Rojas solicitó que se incluyera ese delito, sin embargo el fiscal lo desestimó.
Su caso fue evaluado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien lo presentó a la Corte el 22 de agosto de 2018. Pese a las recomendaciones de este organismo, el Perú reabrió la investigación pero no ofreció ningún tipo de compensación monetaria para Rojas Marín, argumentando que el país no deberían ser sancionado a nivel internacional mientras la investigación reabierta estuviera pendiente.
Finalmente, el 12 de marzo de 2020, la Corte emitió una sentencia contra Perú, en la que sostiene que los actos y omisiones del Perú, tanto con respecto a la detención como a investigaciones posteriores, constituyeron violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana), a saber, el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal y la privacidad, y el derecho a garantías judiciales y protección. Perú recibió la orden de proporcionar recursos en una variedad de formas, incluida la compensación monetaria directamente pagadera a Rojas Marín.
Un Estado Reacio A Admitir Violaciones De Los Derechos Humanos.
El caso de Azul Rojas Marín es el claro ejemplo de un país, que a través de sus operadores, no sólo violó sus derechos humanos sino que además ofreció versiones no ajustadas a la realidad para defenderse. Dijo que se había lastimado cuando intentó derribar a los policías, un hecho que dejó en la mente de los magistrados que el Perú se ha establecido oficialmente como un país que está dispuesto a barrer sus crímenes bajo la alfombra, actuando como si nada malo hubiera sucedido.
Existen otros casos en diferentes ámbitos que aún están en trámite y que involucran a personajes que estuvieron en el gobierno. (Continuará)
