Tal el tema que tratamos cinco periodistas la tarde del jueves 9 de mayo con el titular de la Corte Suprema, José Luis Lecaros, en el marco de un programa denominado Grupo de Diálogo de la Presidencia del Poder Judicial, el mismo que fuera creado mediante una resolución administrativa de este poder público. Su naturaleza es realizar un análisis temático coyuntural y de reflexión plural con el objetivo de “recibir sugerencias y mantener un adecuado conocimiento y valoración del contexto social e institucional del país”.
Era el tercer evento de este grupo de diálogo (los dos anteriores abordaron otras agendas y con ciudadanos de otras profesiones u oficios) y fue transmitido por la hoy famosa señal de Justicia TV. De manera que las cartas echadas sobre la mesa en estos encuentros no corresponden a un té de tías ni se evaporan entre las vetustas paredes del edificio del Paseo de los Héroes Navales.
Mi impresión positiva: el cuadre que dio el doctor Lecaros (con palabras prudentes pero certeras) a la ignorancia generalizada del periodismo sobre los procedimientos judiciales y su perversa audacia de transformar conceptos, matrices doctrinarias, atribuciones jurisdiccionales, diligencias preliminares, etapa investigatoria, precedentes, ejecuciones y toda la gama del quehacer de fiscales o jueces en lo que les parece según su libre entendimiento y no lo que corresponde a la realidad.
Frente a ello, surgieron propuestas interesantes. Lecaros mencionó un ciclo de charlas para periodistas. Pero me temo que ello no enmendará la orgullosa levedad de conocimiento jurídico de algunos colegas ni la grosera manipulación de estos que hacen fiscales chateadores y jueces ansiosos de la visibilidad pública (solo Aldo Mariátegui, Fernando Rospigliosi, Alfonso Baella y algunos pocos más, han destacado la elocuente protesta del colega César Romero –Judiciales, diario La República– por lo que pasó en Curitiba durante los interrogatorios a Jorge Barata). Se mencionó la urgencia de un vocero judicial y la práctica de la sumilla de cada caso, tal como se practica en otros países.
Mi impresión negativa: sugerí que el Poder Judicial, haciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 107° de la Constitución, presentara un proyecto de ley que despenalice los llamados delitos de información u opinión por los cuales –mediante una querella– es posible llevar a la cárcel a quien ejerce su derecho a la libre expresión. Creo que el honor afectado es un bien jurídico resarcible y merece ser tratado en el área civil con severas resoluciones indemnizatorias, el reconocimiento de la injuria, agravio u ofensa por parte de quien lo profiere, pero no la prisión. El doctor Lecaros difiere de mi punto de vista.
Pese a esto, considero que la cita fue fructífera. Mucho queda por hablar de la prensa y la justicia.
