Algunas personas, en estos últimos días, pretenden criticar y ridiculizar como un grave error, al hecho de que se tuvieron que tender puentes y sentarse a dialogar, a pesar que había carreteras tomadas por varias comunidades.
Así es que ahora, esas personas se llenan la boca, y parecieran escupir al cielo, censurando que el Estado ha perdido autoridad, por haber hecho eso, de dialogar bajo medidas de fuerza que: “constituían un chantaje”.
Uno de ellos es el Presidente del Congreso, que reclama por el principio de autoridad, desconociendo que, precisamente, eso es lo que ha perdido hace rato la institución que preside, y olvidando que, en democracia, la autoridad no se consigue ni a palazos ni a balazos.
La autoridad de un funcionario y del Estado, supone legitimidad y reconocimiento, supone el respeto y consideración que le tiene la ciudadanía; y ello no se condice con autoridades e instituciones totalmente desprestigiadas, por el incumplimiento de sus funciones, la ineficacia, la falta de palabra y las mentiras.
Muchos reclaman que no se debió ceder; pero, claro, olvidan que a las 52 comunidades en conflicto, siempre se les llevó a dialogar, previa suspensión de sus medidas de fuerza, y siempre se incumplió los acuerdos a que se llegaron. Siempre se les abandonó a su suerte y solo consiguen atención, cuando toman medidas de fuerza.
Se supone que el Derecho y los principios, tanto como el Estado y la sociedad organizada, tienen como fin a la persona humana y todos los mencionados, pierden legitimidad cuando desorientan sus fines. Por eso en nuestra constitución se explica: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado”.
Parece que tales políticos han olvidado los baños de sangre, suscitados precisamente por la ceguera y la soberbia de quienes consideran que hay ciudadanos de primera y de segunda clase; y solo consideran que el Estado debe imponer un principio de autoridad, totalmente alejado de cualquier significado racional.
Ni el principio de autoridad ni el mismo Estado, están por encima de las personas si en la realidad se alejan de sus fines. Ambos corren el riesgo de convertirse en cascarones sin significado real y ningún peso, si no es que cumplen sus finalidades de servir para los seres humanos, para generar desarrollo, el bien común y la justicia.
