El gobierno miente descaradamente. El canciller González-Olaechea dice correctamente que “acorde con la urgencias sociales, nuestras prioridades y la eficiencia del gasto público, el gobierno no inyectará más dinero Petroperú”; sin embargo desde el mismo Ejecutivo se anuncian garantías financieras para que la empresa estatal pague las deudas a sus proveedores de crudo y combustibles. ¿Escopeta de dos cañones?
De acuerdo a lo señalado la semana pasada por el premier Otárola, la jugarreta del gobierno es tramposa. Efectivamente, ante la presión fortísima del sector empresarial y de la opinión pública, no habrá entrega de dinero en efectivo ni capitalización, pero por otras vías como la reprogramación de obligaciones, créditos indirectos, préstamos y demás facilidades financieras sí se pagarán los US$ 1,600 millones que el elefante blanco adeuda a sus proveedores.
Esto es grave porque si se suman los apoyos anteriores (como la reprogramación de la deuda de US$750 millones que la empresa contrajo con el MEF en el 2022 y que debió pagar en diciembre pasado, más la renovación de la línea de comercio exterior, nuevos créditos, etc.), el Estado completará una ayuda financiera de US$ 2,400 millones. Y ese dinero sale del bolsillo de los contribuyentes.
Este es el tercer rescate desde el 2022 de una entidad que ya no tiene sentido productivo ni financiero. Al forado que ha implicado el costo sobrevaluado de la refinería de Talara –absolutamente inútil para la realidad peruana y que representó la malversación de 6,500 millones de dólares–, se le suma la falta de transparencia, tardía y deficiente presentación de estados financieros y auditoría, planillas infladas, sobrecostos operativos, la pésima calificación de grado de inversión y un nefasto gobierno corporativo. Frente a esto ni siquiera el cambio último ayuda en nada: ahora el MEF controla el 60% de la Junta de accionistas de la petrolera y Energía el 40%; pero al final es el gobierno el que decide política y no técnicamente.
Las únicas salidas posibles en estas circunstancias son la privatización (si alguien la quisiera), un joint venture internacional para refinar petróleo ecuatoriano porque el peruano es insuficiente para atender el monstruo de Talara, o la quiebra. La ideología estatista de mantener a toda costa un supuesto “sector estratégico” debe ser combatida y el gobierno tiene que ser denunciado en su mentira porque hasta hoy la verdad es que Boluarte y Otárola solo quieren tirar más plata a Petroperú haciéndole daño al estado.
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