Se acentúa la tremenda crisis moral y política puesta al desnudo desde diciembre de 2016, cuando se reveló que la empresa Odebrecht, en las dos décadas anteriores, había efectuado pagos de sobornos a funcionarios públicos de 12 países, entre ellos el Perú, para ganar las licitaciones de obras públicas. Fue el punto de inicio del mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica.
Aunque están pendientes los procesos judiciales, las dudas sobre tal o cual personaje político o empresarial van quedando atrás y se percibe cada vez más la existencia de un cuadro de corrupción generalizado, del cual son partícipes 5 expresidentes, numerosos funcionarios y grandes empresarios; debiendo precisarse el rol cumplido por estudios de abogados y periodistas.
Alfonso Quiroz, en el libro Historia de la corrupción en el Perú, advierte que es menester trabajar en pos de una mejor comprensión de las causas y consecuencias de un factor endémico en la vida de muchas sociedades. En la parte final del texto afirma que debido a la corrupción sistemática y descontrolada, el Perú perdió o distribuyó mal el equivalente de aproximadamente el 40% o 50% de sus posibilidades de desarrollo. Este estremecedor estimado ubica a la corruptela como un aspecto esencial para explicar nuestra historia.
Jorge Basadre dijo en 1979 que en estos tiempos de honda crisis en todas las circunstancias de la vida mundial… viene a ser urgente que el Perú evidencie su aptitud para proyectarse en una dimensión de futuro dentro de la búsqueda de la maduración tantas veces anhelada para convertirse por fin en una morada mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Han transcurrido 40 años, pero parece hoy, deplorando que la situación siga igual, pese al crecimiento económico sostenido durante varios años.
Quiroz y Basadre apuntan a que es imperativo procesar transformaciones de raíz para promover el desarrollo en democracia y no un simple maquillaje, replanteando las bases políticas, económicas, sociales, culturales e institucionales que sustentan la República desde 1821.
Frente al Estado centralista requerimos una efectiva descentralización, incluyendo el ámbito fiscal. El modelo económico extractivista -que mostró sus límites desde los tiempos del boom del guano, el salitre y la pesca, y que en las últimas décadas tiene como referente a la minería- debe dar paso a la diversificación productiva y de servicios, fomentando un proceso de industrialización y asignando una prioridad mayor al turismo, entre otras iniciativas, sin obviar lo existente.
Corresponde dejar atrás un Estado que actúa de espaldas a la gente, y enfatizar en la importancia estratégica de la educación ligada al mundo del trabajo y la producción; la promoción de la salud preventiva; y la libre participación ciudadana en sus distintas formas.
También urge superar la impostada monoculturalidad y el racismo, y practicar como sociedad el diálogo intercultural y el respeto mutuo entre las personas, trascendiendo cualquier tipo de discriminación. El reemplazo de los clubes electorales y vientres de alquiler por un sistema de partidos políticos democratizados, institucionalizados, renovados y transparentes, constituye, asimismo, una exigencia inmediata como parte de la reforma política.
Salvaguardar la dignidad; respetar la libertad; actuar impartiendo justicia; edificar una cultura de paz que contribuya a ir eliminando la violencia de distinto carácter, empezando por la que se ejerce contra la niñez y la mujer; y reformar intensamente el Estado para que planifique y gestione el desarrollo concertando con el sector privado y la población para forjar una República superior, de ciudadanos, plasmando el viraje refundacional de nuestro Perú, son los retos principales.
