En julio del año pasado saludamos al presidente accesitario en la esperanza de que Vizcarra no sería peor que el vacado PPK. Hoy tenemos que repudiar al moqueguano por felón, traidor, incapaz y delincuente.
Lo que ha planteado en su mensaje a la nación no tiene perdón: subversivamente por su incompetencia (y para blindarse de sus delitos) ha propuesto un salto hacia delante, pidiendo elecciones generales adelantadas sobre la base inconstitucional de un referéndum para el cual no tiene competencia; y bajo el pretexto de que el Congreso no ha cumplido con la caprichosa modificación de la inmunidad parlamentaria según la mamarrachienta teoría que presentaron los “notables”, cómplices de la inestabilidad que nos afecta. Además Vizcarra ha seguido el plan, verdaderamente sedicioso, presentado por los comunistas del Frente Amplio en octubre de 2018.
La farsantería vizcarriana ha sido de tal magnitud que hizo el anuncio después de un mensaje demagógico de proyectos imposibles a futuro y sin que los ministros (con excepción del alcahuete Del Solar) conocieran un discurso que por ley debió ser consensuado por el Gabinete.
Frente a esto, la Comisión Permanente del Congreso ha sido prudente. Pero la crisis no puede prolongarse y la solución pasa, dentro de los parámetros constitucionales, por lo siguiente: Primero, aclarar que el Presidente no puede invocar la democracia plebiscitaria.
Segundo, es inconstitucional recortar el mandato de los congresistas.
Tercero, la forma menos traumática para la nación es exigir la renuncia de Vizcarra y Aráoz; que asuma la presidencia Olaechea y convoque a elecciones anticipadas. Si Vizcarra se niega, proceder de inmediato a su revocación (en el peor de los casos que la ninguneada Aráoz termine el mandato hasta el 2021).
Cuarto, advertir que son inaplicables las reformas políticas porque los plazos y condiciones no lo permiten (por ejemplo las elecciones primarias).
Quinto, rechazar una eventual asamblea constituyente, exigir el cese de la persecución política, dejar sin efecto el acuerdo vendepatria con Odebrecht: desactivar la Diviac, frenar la instrumentalización política del Ministerio Público y el PJ.
Sexto, exigir un Gabinete de transición.
Séptimo, exhortar a las FF.AA. y PNP a que, dentro de sus funciones constitucionales, preserven el orden y no permitan brotes subversivos en toda la República, sobre todo en la macro región sur.
Octavo, llamar a la vigilancia de la comunidad internacional.
Noveno, ratificar que Vizcarra no puede ser candidato y abrir una investigación exhaustiva sobre sus delitos porque de Palacio debe pasar, directamente, a detención en la Dinoes.
