La inseguridad ciudadana se agrava en el Perú y en otros países de la región.
La demanda a los gobiernos por protección se generaliza.
El primer deber del Estado es defender la vida de sus ciudadanos, si no lo hace corre el riesgo de convertirse en estado fallido.
La desesperación cunde y atraviesa fronteras, se instala en las capitales y las ciudades más importantes, ante el terrorismo delincuencial que cobra miles de muertos en Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, como un cáncer que impide todo progreso y desarrollo.
Felizmente, mientras celebrábamos el aniversario de Lima, este 21 de enero pasado la Comunidad Andina de Naciones, se puso las pilas y creó la “Primera Red Andina de Seguridad contra el Crimen Organizado”.
La excelente decisión se tomó dentro de la XXIV Reunión Extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores con la presencia de ministros y autoridades a cargo de la Seguridad. Debemos destacar esta respuesta al clamor de nuestras poblaciones.
En el Perú, Dina Boluarte perdió todas sus apuestas por la pacificación e igual sucede en países hermanos que ahora unirán fuerzas para repeler a las bandas internacionales que crecen ante la inacción o la ineficiencia.
Con acciones comunes podremos enfrentar el delito en las fronteras, organizar la cooperación migratoria y aduanera al igual que en minería ilegal, lucha antidrogas, tráfico de armas y propuestas penitenciarias.
Se abren muchas posibilidades para devolver tranquilidad y paz social a nuestros pueblos que no merecen padecer angustias por su vida y la de sus familias. La inacción y la incapacidad son punibles.
El organismo regional encargado debe comenzar ya y recibir el apoyo financiero y activo de nuestras autoridades.
Nada más importante que la vida, la prioridad está clara. Es una guerra que no podemos perder.
