Nuevamente estamos en pleno conflicto de poderes. Martín Vizcarra exige públicamente al Congreso priorizar la discusión de los proyectos de ley que entregó para concretar la reforma política propuesta por la Comisión Tuesta. Daniel Salaverry responde que trabajarán sus propias propuestas con especialistas de alto nivel y asambleas al interior del país para conocer la opinión de la población.
Afirma Salaverry que la propuesta del Ejecutivo será solo un insumo junto a las consideraciones a ser recogidas en las cuatro macro regiones para que la renovación salga de la ciudadanía. El pueblo nuevamente opinará sobre el sistema de representación, el voto preferencial o la bicameralidad. Ese mismo pueblo que ya tuvo su momento en el referéndum de diciembre del cual salieron directivas que los legisladores deberían tener en cuenta. Lejos de esto, la información que el Congreso pudiera obtener la pondrá a consideración de líderes de opinión de diferentes sectores, en un trámite largo y lento que no se parece a ninguna reforma, sino a la dilación de procedimientos lejos de la concreción de una reforma legitimada o no por la población.
Quedarán en el camino la bicameralidad del Legislativo y la elección parlamentaria en la segunda vuelta. Y aunque la Comisión de Constitución pretenda que trabaja a todo vapor y el Primer Ministro les llame la atención, el mismo Fernando Tuesta considera muy difícil que los planteamientos de su Comisión puedan ser aprobados para el 2021 si no existe acuerdo con el Gobierno.
Ni prioridad ni debate: los esfuerzos no van por la misma vía y las presiones del Ejecutivo no parecen tener efecto en un Congreso escaso de brújula, autodefensivo, más preocupado por la embestida judicial por “Lava Jato” y sus consecuencias contra los políticos y los partidos que por discutir los numerosos proyectos de reforma política que parece no llegarán a ser analizados a tiempo.
