Es conocido que la ejecución presupuestal para las obras públicas, de todo tamaño y costo, es deficiente y ello principalmente en gobiernos subnacionales y locales. Desde tiempo atrás se creyó que la causa de ello era la demora en los trámites ante el SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública), dependencia del MEF, quien aducía como motivación de la demora la baja calidad de la confección de perfiles y proyectos, esto último por la impericia técnica del personal encargado de hacerlos.
Por otro lado, en las obras en que se había adjudicado la buena pro, en el camino había desavenencias entre la entidad contratante, el constructor y a veces el supervisor, lo que derivaba en complejos expedientes de reclamaciones y de arbitrajes, descubriéndose en algunos de estos últimos que había razones soterradas y no muy santas.
Además de lo expuesto, no podemos olvidar que la complejidad del sistema de contratación de las obras era un acicate para conversaciones de sesgo delictivo con las cuales se arribaba a entrega de las famosas “coimisiones”, lo cual elevaba los desembolsos del Estado en perjuicio de todo el país, que con el diferencial se hubieran podido satisfacer muchas otras necesidades.
Para solucionar la problemática se han hecho diversas modificaciones en la normatividad de las contrataciones por el Estado e incluso se llegó a sustituir el SNIP por INVIERTE.PE, aunque lastimosamente pareciera que el remedio fue peor que la enfermedad, a lo que se agrega la intervención de la Contraloría General de la República que, aunque con las mejores intenciones de cuidar los recursos públicos, muchas veces terminaba con la paralización de obras y procesos judiciales interminables. Es de esperar que, con el sistema de acompañamiento de la Contraloría durante todo el tiempo del proceso de ejecución de las obras, sin esperar el control posterior, pudiera ayudar en la mejor calidad de obras y oportuna entrega de ellas a la entidad pública convocante.
Para las obras pequeñas, que pudieren señalarse con un valor no superior a determinado número de Unidades Impositivas Tributarias (UITs), en lugar de sacarlas a engorrosos concursos y licitaciones, podrían entregarse directamente a contratistas que cumplan con las calificaciones, y al valor referencial fijado por la entidad pública contratante, y los contratistas de preferencia radicados en las localidades en que se ejecutarán las obras.
Evidentemente que, con un sistema de reparto equitativo de las pequeñas obras, se reducirían los costos al Estado, habría un mejor control y se evitarían tantas paralizaciones que al fin de cuentas afectan a los usuarios de las obras que se ejecuten, principalmente en lo que son obras municipales de pistas, veredas y de habilitaciones urbanas, entre otras.
Lo antes señalado, como borrador, me fue expuesto por personas que lo han visto en otros países, principalmente en el norte de los Estados Unidos para el servicio de retiro de nieve en pistas y veredas, en que, teniendo el mismo precio de ejecución, se entregan sin pujas, peleas y menos ilegales comisiones a todos los contratistas que se registren. Hay que ahondar en el tema.
