El desprestigio del Congreso que involucra a oficialistas y no oficialistas ha sido un blanco fácil de ataque con fines de demolición, aprovechándose del enorme descontento de la población, hecho que impedía una visión también crítica respecto del Ejecutivo.
La furia popular también se alzaba contra el sistema de justicia, o por su inefectividad o por la enorme corrupción al interior de cada institución que la integra o a la injusticia de las decisiones judiciales en procesos determinados, especialmente los relativos a casos de corrupción.
Si desde el Ejecutivo había la intención de tomar por asalto el poder estatal, era fácil amagar contra el Congreso y crear las condiciones para su disolución.
Sin embargo, antes de ese paso de quebrantamiento del Estado de Derecho, resultaba necesario tomar el control de las instituciones conformantes del sistema de justicia, lo cual se convertía en una jugada fácil luego del escándalo de los “hermanitos”.
La prioridad era controlar la Fiscalía y se desató una guerra a muerte contra Chávarry, Gálvez y otros fiscales que conformaban el grupo opositor del que encabeza Pablo Sánchez, cuya confrontación se trasladó al Congreso en donde la mayoría blindó a los primeros.
El problema es que la actividad fiscal contra la corrupción mostró una febril acción en contra de políticos opositores, con fiscales que más que directores de las investigaciones parecían activistas políticos que no respetaban jerarquías en sus declaraciones públicas ni se manejaban con la prudencia que exige la investidura de magistrado. Esta sesgada actividad mostró la grieta que ahora preocupa a la población, es decir, la sensación de que se está blindando a los amigos tratando de demorar las investigaciones en contra de ellos o no involucrar a todo su entorno.
Al pronunciarse el Congreso a favor de Chávarry y éste públicamente ha señalado que el Presidente también debe ser investigado por actos concretos de corrupción aduciendo que existen pruebas al respecto, la cosa se ha puesto al rojo vivo.
Con la creación del Consejo para la Reforma de Justicia y su Consejo Técnico, por las tareas asignadas, los órganos de gobierno del Poder Judicial y de la Fiscalía pasan a ser peones subordinados al gran Consejo presidido por el presidente de la República.
Es fácil colegir que el Ejecutivo manejará ese Consejo al son que le convenga teniendo como espectadores a los máximos representantes del Poder Judicial y de la Fiscalía.
Parece que la oportunidad para el gran golpe de cierre del Congreso ha llegado.
