En marzo de 2018 se produjo la renuncia del entonces presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski en virtud de unos audios y videos obtenidos por el congresista Mamani en reuniones en las cuales, presuntamente, se negociaban favores para neutralizar las mociones de vacancia presidencial que se votarían en el Congreso de la República.
La renuncia del entonces presidente PPK no era sino el corolario de un grave escándalo provocado por una adenda con sobrecostos no justificados, para la construcción del aeropuerto de Chinchero, es decir, no era el problema central la construcción del aeropuerto en mención, sino los sobrecostos millonarios que no tenían explicación, ni siquiera con las operaciones matemáticas que PPK realizó en una pizarra en Palacio en un mensaje al país.
Los cuestionamientos surgieron desde la Contraloría cuyas observaciones fueron sustentadas por el entonces contralor Alarcón, cuyas conversaciones con el ministro de Economía fueron grabadas y difundidas públicamente, en las cuales los representantes del Ejecutivo, al parecer, pretendían que Alarcón retirara las observaciones pero éste no lo hizo. Luego vino el cargamontón contra éste y fue sustituido por el actual contralor de apellido Shack.
El escándalo Odebrecht se había desatado y muchos de los involucrados en el caso Chinchero estaban también amagados por la corrupción desbocada que había provocado aquella empresa brasileña, especialmente en el tema de IIRSA Sur, el gasoducto sur peruano y otras obras más.
En marzo del año pasado renuncia PPK y lo reemplaza el hoy presidente Martín Vizcarra luego de coordinaciones no desmentidas con las fuerzas de oposición.
Mamani se trajo abajo a un “gobierno de lujo” y tenía que saber que no sería perdonado nunca.
Casi inmediatamente se desató el escándalo de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, presuntamente involucrados con la fuerza política mayoritaria del Congreso, denominada fujiaprista, propiciando la iniciativa presidencial para una reforma política y del sistema de justicia.
Aquí aparecen dos bandos perfectamente identificados, confrontados en una guerra de tierra arrasada, en cuyas batallas se ha involucrado emotivamente a toda la población peruana, dividida en favor de unos y de los otros.
Ahora la ofensiva del Ejecutivo sobre la cuestión de confianza, cuya constitucionalidad no convence a todos, puede derivar en el sometimiento del Congreso o en su cierre.
El asunto es que no hay gobierno en el país y estamos a merced de la inercia económica y social. ¿Cuál será en realidad el fondo de esta guerra?
