Desde esta columna hemos venido, desde hace bastante tiempo, alentando la defensa de nuestra institucionalidad democrática para evitar autocracias disfrazadas de constitucionalidad, exigiendo un mínimo de consensos de gobernabilidad en un escenario de encarnizada confrontación con fines de mutua destrucción.
Lo hicimos porque era evidente que, desde el Ejecutivo, el presidente Vizcarra había trazado el derrotero de su gestión hacia un único objetivo: la disolución del Congreso y el control de las instituciones del sistema de justicia.
En palabras simples, la disolución del Congreso se iba a decretar de todos modos, pero solo faltaba el pretexto.
Ya se había generado una conciencia colectiva de rechazo a los congresistas con un bombardeo incesante a través de los medios de comunicación, aunque también por hechos propios de los miembros del Congreso cuya calidad funcional, ética y profesional no mostraban niveles de excelencia que resaltar sino oprobios de escándalos imperdonables.
Solo faltaba un acto del Congreso que sirviera como detonante para su cierre y este se produjo, tal vez por un exceso de arrogancia entre los congresistas que no comprendieron que en el juego de poder no bastan las victorias jurídicas si no van de la mano de triunfos políticos.
Cuando el viernes el Presidente, en un mensaje al país, dijo que iba a remitir al Congreso un proyecto de modificación de reglas para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional haciendo de su aprobación una cuestión de confianza, ya la suerte estaba echada y solo dependía de cómo iba a responder el Legislativo y lo hizo mal.
El lunes, el gabinete liderado por el ex primer ministro Del Solar, sin respetar las formalidades constitucionales y legales, se presentó en el Congreso pretendiendo alterar la agenda de éste irrumpiendo de manera atípica en el pleno, lo que nos hizo recordar a la turba que tomó el local del Ministerio de Trabajo, dejando una pica en Flandes para construir a partir de allí una teoría sobre negación fáctica de la confianza solicitada sin formalidad alguna para que el Presidente, sin tomar en cuenta que se debatía la confianza solicitada y que ésta le había sido concedida, apareciera en la televisión comunicando la disolución del Congreso pero sin instrumentos jurídicos que legitimaran esa decisión. Ya conocemos el resto de la historia.
Es innegable que se ha producido un golpe de Estado. Las consecuencias las pagaremos todos y la pagarán los que han asaltado el poder dentro de unos años. El Ejecutivo ya tiene el control del TC, de los entes del sistema de justicia, de otras instituciones autónomas y no hay ni habrá Congreso por muchos meses.
