El Gobierno se embarcó, dentro de su plan de confrontación con el Congreso, en proyectos de reforma política que, por el tiempo en que se aplicarán, no sabemos a ciencia cierta si tendrán o no efectos positivos; sin percatarse que, en el presente, los problemas económicos y sociales estaban muy acentuados, tanto que a la fecha parecería que están fuera de control.
No hay plan que le haya salido bien al Gobierno. La famosa reforma del sistema de justicia luego de la destitución de los entonces consejeros del ex CNM al que se le cambió el nombre sin mayores explicaciones ni justificaciones, dio nacimiento a la Comisión de Reforma de la Justicia cuya sola conformación violentaba por completo los principios de autonomía institucional e independencia jurisdiccional y fiscal; pero, además, se estableció que dicha Comisión contara con un órgano técnico del cual, evidentemente, saldrían las propuestas para impulsar los cambios internos en las entidades de justicia, especialmente en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
En paralelo, el Gobierno concedió a los jueces y fiscales supremos un sustantivo incremento remunerativo que devenía incoherente e inconsistente, porque si había que reformar el sistema es porque las cosas estaban muy mal y, obviamente, la responsabilidad estaba en el nivel supremo de gobierno institucional. Se daba el premio al fracaso sin hacer la evaluación pertinente. Una figura similar se produjo en 1995: el presidente del Poder Judicial promovió una reforma judicial a través de una “Comisión” conformada por representantes del Ejecutivo y Legislativo y, paralelamente, hubo un incremento de haberes de los jueces supremos incompatible con los miserables sueldos de jueces de inferior jerarquía.
Esto dio lugar a una “huelga judicial” llamada eufemísticamente como Salas Plenas Permanentes en la Corte Superior de Lima: se logró eliminar el proyecto del presidente del Poder Judicial sustituyéndolo por una Comisión Ejecutiva integrada por tres jueces supremos titulares que elegirían a un secretario ejecutivo experto en gestión pública y, a la vez, se obtuvo el compromiso del mejoramiento de sueldos para todos los trabajadores judiciales.
Por ese precedente nos parecía inconcebible ver sentados y callados en la mesa de la Comisión de Reforma actual, presidida por el presidente de la República, al presidente del Poder Judicial y a la fiscal de la Nación. Felizmente el pleno del TC puso las cosas en su sitio. Retiró a su presidente, cosa que también debe hacer la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos.
