No es solo un asunto de mataperros o “comeoros”. En un sistema político sano, la relación entre los intereses privados y la política se canaliza por los gremios empresariales y de modo abierto, no colocando congresistas asalariados por grupos específicos. La médula espinal del sistema político es el Congreso, y por eso los peruanos debemos tener la cosa clara.
No queremos poderes fácticos sentados en las curules. Ni representantes de los grupos abiertamente ilegales como el narcotráfico, la tala informal de madera o el tráfico de tierras; ni los abiertamente corruptos que presionan alcaldes, conforman organizaciones delictivas como las azucareras, incluyendo a los despreciables oferentes de licencias comerciales.
Pero tampoco queremos congresistas agentes de los armadores pesqueros con agenda única: seguir quemando anchoveta y sardina, pero también jurel, caballa, bonito y cuanto caiga en sus redes sin importar la pesca artesanal o el consumo directo y, por supuesto, con licencias automáticas y las 200 millas del mar peruano para ellos. Ni congresistas asalariados de las grandes mineras para las cuales el Perú es su chacra y su obsesión desaparecer la pequeña minería y seguir exportando libremente “agregados metálicos”, es decir, cobre pero también oro, plata y otros metales valioso, montarlos a lampa al camión, y de ahí directo al barco, cero impuestos.
Tampoco queremos congresistas topos de empresarios de universidades truchas quienes disfrutan desde hace décadas de exoneraciones tributarias que no merecen y fabrican títulos para estafar a los jóvenes profesionales. Mucho menos a quienes representan intereses foráneos como el castrismo o el chavismo, deseosos de colonizar el Perú para usarlo de “hub” de drogas tal como ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Peor aún, a los adalides de la falsa moral socialista, cuya verdadera calaña la encarna Susana Villarán, la alcaldesa de los “tres palos verdes”.
No queremos congresistas que defiendan estos intereses. En todo caso que lo hagan sus abogados y los diarios y la TV que controlan, pero no el Congreso.
Pero, ¿qué queremos entonces? Simple: entregar la política a quienes sí defiendan el interés común y respeten la cosa pública. De dónde salga este tipo de personas no es un secreto: de verdaderos partidos políticos nacionales y regionales democráticos. Ese y no otro es el blanco de la reforma política. El siguiente asunto entonces es saber cómo logramos ese tipo de partidos.
Claves muy importantes de esa respuesta son las siguientes: eliminar el voto preferencial, supervisar con la ONPE todo tipo de comicios internos partidarios (lo que supone reformar la ONPE para desintoxicarla de las mafias que la cooptaron), pero por encima de todo y de modo fundamental, crear un sistema audaz y comprometido de financiamiento de partidos. Un modelo de financiamiento a ser construido con valentía, conciencia, realismo y ciudadanía.
Seamos claros, las militancias partidarias nunca fueron suficientes ni confiables para financiar sus propias campañas. Al APRA de Haya de la torre lo ayudaron varios mecenas. A Belaunde Terry lo mismo. Eran mecenazgos pero no contratos de bien futuro. Más adelante, las polladas, lonches, cenas y loterías se prestaron siempre para encubrir donaciones oscuras.
¿Cómo entonces? Pues, con el concurso del bolsillo de todos los peruanos, a través del presupuesto nacional, según cuotas asignadas en función de ciertos indicadores, metas y otros parámetros confiables. Otra vez, lo que los peruanos no queremos está claro: no más un Congreso dedicado al interés privado. Pero lo que queremos cuesta. Y todos debemos ser conscientes de ello.
Si financiar las campañas con el erario nacional pasa por un nuevo pacto social entre la ciudadanía y el Estado, que así sea. Un pacto según el cual el Estado no agreda, persiga ni demonice al peruano de a pie, al que se despierta a las cuatro de la mañana para ganarse la vida en el fragor de la micro economía, y que por el contrario, proteja su trabajo y sus posesiones. Veremos así, como las cosas irán cambiando.
La democracia es una moneda, por un lado brinda derechos y, por el otro, obligaciones. Un Congreso limpio cuesta.
