Para la vigencia de un sistema democrático es indispensable la separación y el equilibrio de poderes para que surja un Estado de Derecho en donde los controles del ejercicio del poder sean mutuos. No existe en democracia ninguna posibilidad de disolución ni de uno ni de otro por meras desavenencias o por antipatías personales o de grupos, porque en tal caso estaríamos en el imperio de la arbitrariedad de quien, abusando de su mayor poder, elimina del espectro democrático a otro poder del Estado y con él todo control a su gestión, permitiéndose una concentración de fuerza que actuará de manera irresistible convirtiéndose en una autocracia o dictadura.
La disolución del Congreso por parte del Ejecutivo es una medida extrema que, como tal, exige para su consumación que se cumplan todos los supuestos constitucionales en su literalidad debido a que las normas que restringen derechos y en este caso amagan sobre el sistema democrático de gobierno, no se aplican por analogía ni por extensión.
No son admisibles las argucias, trampas ni estrategias que tengan como objetivo básico el cierre del Congreso, así como tampoco las que busquen consumar un golpe de Estado con la destitución del Ejecutivo y todo el aparato estatal.
El principio que prevalece sobre la ley es que en circunstancias de duda hay que estar a favor de la estabilidad del sistema democrático.
Si los integrantes del Congreso se ganaron el rechazo de la población, la consecuencia tenía que ser política y la sanción debía provenir de la misma población frustrada con su pésima elección en las nuevas justas electorales porque el poder emana del pueblo que se efectiviza por los canales constitucionales preexistentes.
Nada de esto ha sucedido en el Perú. El rechazo popular mayoritario contra el Congreso ha sido aprovechado por el Presidente para, utilizando una serie de subterfugios y excesos en la interpretación y aplicación de la Constitución, procediera a su disolución.
Lo preocupante es que la concentración de poder en el Presidente, sin controles efectivos, se acentuará con el advenimiento de los cortesanos incondicionales de siempre que ambicionan una cuota de poder, por más miserable que esta sea, con tal de tener figuración y algún provecho personal.
A esto hay que sumar el hecho de que, en todas las marchas contra el Congreso, siempre han participado de manera abierta los grupos de fachada de las organizaciones terroristas.
Pero el pánico surge cuando escuchamos al Presidente y descubrimos que no tiene ningún plan de acción.
