El Tribunal Constitucional no es un ente cualquiera. Es el órgano encargado de garantizar la constitucionalidad normativa, la validez constitucional de los actos de gobierno, de los funcionarios de todo el aparato estatal cuando corresponda y la defensa de los derechos fundamentales de la población.
En suma, el Tribunal Constitucional es la piedra angular que debe sostener la vigencia de nuestro sistema de gobierno dentro del concepto de un Estado de Derecho, de modo tal que ante situaciones atípicas que pongan en peligro nuestro sistema democrático de gobierno con una indebida acumulación de poder que es el paso previo de toda dictadura, no puede ni debe quedarse de brazos cruzados alegando vacíos legales porque es su obligación aplicar principios constitucionales que prevalecen sobre la ley, para defender el sistema con oportunidad y eficacia porque ya es tiempo de superar la mala costumbre de legalizar los hechos consumados.
El cierre del Congreso por parte del presidente de la República vía interpretación constitucional extensiva para incluir la cuestión de confianza en proyectos de reformas constitucionales promovidas por el Ejecutivo y alegar luego una denegatoria fáctica de la misma, requería de un inmediato pronunciamiento del Tribunal Constitucional para determinar si era o no constitucional la medida y, de no serlo, reponer las cosas al estado anterior para evitar un daño irreparable al sistema democrático de gobierno; algo así como la respuesta del Tribunal Supremo inglés que en una semana anuló el cierre del Congreso decretado por el primer ministro. En un país que se respeta como tal, donde las reglas tienen que ser efectivas, se procede de esa manera.
En el Perú seguimos siendo bananeros. Primero se discutió si el TC necesitaba que alguien demandara la nulidad del cierre del Congreso, llegándose a negar esa prerrogativa a los miembros del Congreso disuelto, con el Ejecutivo denunciando penalmente al presidente de la Comisión Permanente por firmar como presidente del Congreso. Finalmente, ya demasiado tarde, el TC admitió esa demanda competencial y la ha sometido a un procedimiento que dura meses con lo cual el hecho consumado ya se ha legalizado. A tal punto ha sido así, que el presidente del TC ha declarado últimamente que será muy difícil, si es que se declara fundada la demanda, reponer las cosas al estado anterior.
Si miramos en las listas que los partidos postulan a las elecciones de enero, veremos que nada nuevo hay.
