A 25 años de su declaración como Patrimonio Mundial de UNESCO, la Lima histórica tiene más tugurios, ruina y deterioro que nunca. No sorprenderá que le retiren la altísima membresía. La razón del tenebroso estado no ha sido ni es la falta de planificación ni de recursos, sino la de conocimiento adecuado y visión claras de los responsables de la ciudad (Municipalidad de Lima) y del sector Vivienda, durante estos cinco lustros.
El alcalde Alberto Andrade acertó en muchas cosas pero en materia de destugurización falló: para renovar la ciudad no basta con apadrinar balcones. El alcalde Castañeda envileció la renovación al poner al frente de ProLima (la entidad creada por Andrade para renovar) al mismo equipo que EMILIMA, empresa municipal dedicada a buscar utilidades para la municipalidad en base, por ejemplo, a valorizar ciertos parques; de este modo, los recursos para destugurizar terminaron en el Parque de las aguas o en el de la Muralla.
Para salvar la cara, Castañeda intentó la renovación del Jr. Contumazá y, por esa falta de conocimiento y adecuado diagnóstico sobre los tugurios, el resultado fue un fiasco: más tugurios, más puertas y ventanas emparedadas, más espacio ruinoso. Después de eso, Castañeda quiso que Lima se caiga a pedazos. Declaró tugurios a diestra y siniestra ordenando a los posesionarios salir de las casonas “por el inminente colapso físico”, para después, vacías pero en el suelo, negociar su venta como terrenos con los propietarios nominales.
En su segundo periodo, tras la muerte de la arquitecta Flor de María Valladolid, Castañeda perdió el veneno. La alcaldesa Susana Villarán tuvo la ocasión del mundo para renovar el centro histórico de Lima y la desaprovechó, usando mal o nunca los millones que el BID tenía listos. Ella recibió la ley 29415 en bandeja y no la entendió, limitándose a organizar una subgerencia de renovación que no renovó nada. Gustavo Riofrío, el asesor, desdeñó la potencia de los derechos de propiedad y privilegió una intervención por manzanas (que tampoco intervino nada) dejando atónito al BID. Al final recurrió a lo de siempre: priorizar áreas públicas por sobre los tugurios privados.
Han sido 25 años de pasos en falso y errores garrafales. La razón de fondo es que ninguno de los actores metropolitanos tuvo en cuenta que la renovación debe iniciarse no fuera sino dentro de los tugurios, en su misma médula, es decir en sus derechos de propiedad. Regar parques, poner losetas nuevas, farolas o pintar balcones van a ser siempre medidas efímeras, efectistas y auténticas falacias si es que antes no se resuelve el problema esencial de la precarización de la propiedad, esto es de la inexistencia práctica de los títulos de las casonas y callejones.
La ley 29415 que promovió ELIS y auspició el PNUD y la American Planning Asociation (APA) sí puso los bueyes delante de la carreta y sí encontró el camino jurídico y constitucional para resolver esa precarización y revivir los títulos de los tugurios. Los predios abandonados lo son en primer lugar por sus propietarios. Los inquilinos nada pueden resolver en términos de cuidado de las casonas sin empoderamiento legal.
Ese abandono acarrea la disfuncionalidad del predio y (sumados un predio al otro), del barrio entero y de la ciudad. ¿Desalojar 200 mil personas solo en Barrios Altos, como lo pretendía Luis Castañeda inconscientemente, sería la solución? Claro que no. Eso sería un genocidio urbano. La solución pasa por una renovación integral sin desalojos, y por el contrario, haciendo propietarios a los posesionarios, facilitar las licencias, subsidiar un poco y atraer la inversión privada con un mejor manejo de las densidades. Masifiquen propiedad señores planificadores de la Municipalidad y de Vivienda y verán como los tugurios recobran vida.
