Generaciones de peruanos viven agobiados por una escalada de crisis política y económica, que hoy coloca al país andino al borde de un gran despeñadero. La decisión política del Presidente Martín Vizcarra, de "disolver" el malhadado Congreso Nacional, continúa librando una guerra con una oposición fujimorista que se declara en rebeldía.
Pero muchas interrogantes políticas han surgido en las que el expresidente del Congreso, el empresario vinícola Pedro Olaechea, de la vieja oligarquía peruana, denunció a Vizcarra de usurpar el poder. Sin embargo, Vizcarra controla el poder, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al tiempo que las empresas encuestadoras otorgan a Vizcarra un 85 por ciento de apoyo popular por la disolución del Parlamento.
Y un singular respaldo surgió en las últimas horas: la mayoría de la Conferencia Episcopal Peruana, que incluye al Arzobispo de Lima. Mientras los fujimoristas opositores acusan a Vizcarra de golpista, los representantes de la curia Católica respaldaron al Presidente Vizcarra.
La ida y vuelta de acusaciones recíprocas entre los titulares de los poderes del Estado, abren más preocupaciones que eventuales soluciones.
La crisis de Institucionalidad y Gobernabilidad del Perú se agudizó desde el día que Pedro Pablo Kuczynski le ganó la Presidencia a la candidata Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado y corrupción.
Kuczynski ganó las elecciones del 2016 con escaso margen a Keiko, quién nunca hasta hoy admitió su segunda derrota política.
Keiko cumplió un año recluida en una prisión para mujeres por su presunto liderazgo de una organización criminal, y permanecerá presa seis meses más. Sin embargo, su partido Fuerza Popular se alzó con una mayoría de 74 congresistas sobre un total de 130, luego de los comicios del 2016.
Desde el primer día de inaugurar su mandato de cinco años, Kuczynski fue notificado por Keiko que ella gobernaría a través del Congreso. Así lo hizo para mala suerte de un Kuczynski atrapado en su laberinto y debilitado gobierno, en un país sacudido por un terremoto político destructivo: el escándalo de la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
Las investigaciones contra Odebrecht destaparon una "olla de presión" con todos los líderes políticos y empresariales implicados en millonarios sobornos a cambio de sobrevalorar costó de millonarias obras públicas.
Los últimos Presidentes de la República están en las nóminas de dinero sucio de Odebrecht. Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, y el finado Alan García Pérez, quién se disparó un tiro en la cabeza cuando la policía ingresó a su domicilio para arrestarlo por presunta corrupción. Kuczynski está preso en su domicilio luego que Keiko ordenara a sus legisladores pedir su vacancia por "incapacidad moral".
Sin salvavidas político, Kuczynski renunció a la Presidencia, siendo reemplazado por Martín Vizcarra. Sin embargo, Keiko siguió con su demoledora campaña contra Vizcarra, quién resolvió "disolver" el Parlamento el 30 de setiembre último.
Pero muchos analistas opinan que el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones legislativas, para nada revertiría actual crisis política, y que todo seguiría igual en el caótico y corrupto sistema político peruano.
Los partidos y grupos políticos que se están desmenuzando, se llenaron de esperanzas de que continuarán como depredadores del Perú.
Hoy se afirma que hasta los expresidentes acusados volverían a liderar a sus partidos en las elecciones legislativas del 26 de enero. Es como se vaticinara que la impunidad volvería a coronar a una mafia política representada por políticos CORRUPTOS.
La aparente autocrítica política no es más que una careta para seguir con su demagógico discurso que el pueblo peruano rechaza, según encuestas recientes. Inclusive, el más antiguo Partido Aprista, que llevó dos veces a la Presidencia a García Pérez, empezó a negar lo evidente: su alianza contranatura con el malhadado fujimorismo.
Nidia Vílchez, exministra del finado Alan García Pérez, tomó distancias políticas al afirmar que "nunca más el APRA será furgón de cola del fujimorismo". Vilchez, miembro de la Comisión Política del APRA, se mostró contraria a lo que la cúpula dirigencial de su partido se dejó vincular con el fujimorismo, que en el cinco de abril de 1992 le puso precio a la cabeza de un García al ordenar su captura"vivo o muerto".
Así está el complejo problema político peruano, donde nadie se atreve a pronosticar el fin de la crisis política ya endémica.
