En nuestro artículo publicado la semana que pasó nos preguntábamos si el otorgamiento de la licencia de construcción a Southern por el proyecto cuprífero de Tía María había sido un simple error de cálculo o una abierta provocación al desmadre social por parte del gobierno. Como no teníamos respuestas concretas, pero observando la reacción ultra con su consabida toma de carreteras y violencia extrema, preferimos no especular sobre la génesis del acto de gobierno que provocaba tales consecuencias.
Sin embargo, con la difusión de los audios que contienen los diálogos entre el presidente y los ultra radicales anti mineros, no nos quepa la menor duda de que, por debilidad, afinidad ideológica, interés populista o desconocimiento de lo que significa la representación de la Nación, el presidente ha incurrido, por decir lo menos, en grave infracción constitucional al acordar con los violentistas una serie de estrategias para dejar sin efecto un acto de gobierno avalado por su Consejo de Ministros, a espaldas de éstos y sin descartar actos de violencia que justifiquen el retroceso.
El gobierno ha obtenido del Consejo de Minería una decisión de “suspensión” de la licencia por razones sociales, pero sin fundamento técnico. Sabemos que la suspensión consiste en quitarle efectos jurídicos al acto de gobierno mediante el cual se otorgó la licencia a Southern, pero es evidente, a tenor de los diálogos del presidente con aquél gobernador que le conminó a dejar sin efecto el acto en ciernes y su corte con un ultimátum inaceptable para cualquier gobernante que se respete, que el objetivo no es la suspensión sino la cancelación de la licencia de acuerdo a las circunstancias que, obviamente, las van a generar los revoltosos.
En este escenario los ministros tienen que asumir una posición, sea a título personal o como Gabinete Ministerial: o eran conscientes que habían evaluado todas las condiciones para el otorgamiento de la licencia y que deben mantener la decisión gubernamental; o, se adhieren a los actos del presidente para sabotear desde el poder el permiso otorgado con lo cual el Estado de Derecho en el Perú comienza a resquebrajarse por completo.
Hay normas jurídicas que imponen a la población ciertos comportamientos, pero también las hay para fijar las atribuciones de los que ejercen función pública, ambas dentro del marco constitucional para evitar la arbitrariedad y la anarquía.
Este equilibrio se ha quebrado. La grita “agua sí, mina no” ya resulta una estupidez porque ambas van de la mano. Solo hay que mejorar los controles.
Hay normas jurídicas que imponen a la población ciertos comportamientos, pero también las hay para fijar las atribuciones de los que ejercen función pública, ambas dentro del marco constitucional para evitar la arbitrariedad y la anarquía.
