En muchas oportunidades hemos estado analizando el profundo proceso de infiltración de agentes de grupos ultras, en lo político y en la violencia como método de lucha, en nuestra base social, pero especialmente en el campo, en las zonas de explotación que sustentan nuestra economía nacional.
Parece que no aprendimos nada desde la tragedia de Bagua, el Moqueguazo y otros movimientos parecidos, como que tampoco se hizo nada contra los que mataron policías indefensos ni contra el que cobraba “lentejas”.
Nuestra primera preocupación surgió con los continuos derrames de petróleo en diferentes tramos del Oleoducto Nor Peruano, cuyos hechos fueron atribuidos por el gobierno a actos de sabotaje de los nativos, pero sin señalar a los presuntos autores con nombres y apellidos, los cuales, inclusive, impedían la reparación de los ductos. La población no fue informada de las causas de esos hechos ni de las soluciones y la proyección social de las mismas.
Posteriormente se desató el conflicto de Las Bambas por causas complicadas producto del cambio en las reglas de juego contractuales originarias respecto a un mineroducto no construido y al uso de las tierras de varias comunidades para utilizar un camino de salida de cientos de camiones cargados de mineral. Parece que el problema se solucionó con promesas de desarrollo regional (Cotabambas) y con dinero en efectivo pagado a los comuneros. Sin embargo, estos bloquearon las vías y masivamente apoyaron a sus dirigentes en la exigencia de mayores aportaciones económicas. Se pensó que el Gobierno ya había logrado un acuerdo con su nuevo primer ministro pero la reacción de las comunidades sigue siendo hostil.
Luego vino la revuelta de San Gabán en donde, al parecer, los productores de coca se enfrentaron a la policía con su secuela de heridos. La situación todavía no ha sido del todo controlada allí.
Finalmente, por ahora, los pobladores de Trompeteros pretendieron tomar las instalaciones petroleras y se enfrentaron con la policía, con tres policías y nueve pobladores heridos.
Ojalá que estos hechos no constituyan el inicio de una escalada nacional de desestabilización porque el Gobierno no tiene capacidad de respuesta por hallarse embarcada a tiempo completo en la búsqueda de popularidad a través de las investigaciones fiscales y decisiones judiciales contra involucrados en casos de corrupción.
La repentina muerte de Alan García no puede ser celebrada porque la muerte no se celebra. Sin embargo, este hecho lamentable traerá consecuencias políticas serias.
